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La votación de la Comisión primera del Senado que aprobó un proyecto de acto legislativo en primer debate para modificar la composición actual de la Jurisdicción Especial de Paz, constituye un paso a la alteración del Acuerdo Final de Paz, toca los fundamentos de la justicia transicional y del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que representan un logro esencial hacia la superación de la impunidad.



Su punto de arranque es la desconfianza en la integración de la JEP, elemento central de la propaganda uribista, que desconoce y reprueba los mecanismos del Acuerdo para el nombramiento de magistrados ya en ejercicio de sus funciones. La sospecha de que tal integración es de magistrados de izquierda y que por tal razón no es posible depositar confianza en el juzgamiento imparcial al que están comprometidos/as juristas muy respetables, de distintos orígenes ideológicos y políticos, representa una presunción de mala fe, un insulto y la continuación del espíritu de la guerra contrainsurgente y del macartismo, que ha sido su razón y causa fundamental. Así mismo, la alteración del compromiso con la verdad, al que se le atribuye el riesgo de la “autoinculpación” por parte de los militares, en aras de mayores ventajas y beneficios procesales, refleja el pánico supersticioso del uribismo a la verdad y cuestiona la idoneidad de la JEP en provecho de los victimarios. Los jueces juzgarán el compromiso con la verdad y bajo tal supuesto otorgarán garantías, sin el concurso de los 14 magistrados extra, especializados en derecho operacional de guerra, provenientes de la Justicia Penal Militar.

Centenares de miles de víctimas de la persecución contrainsurgente y anticomunIsta reclaman del Estado, que firmó un tratado de paz, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y el compromiso de no repetición.

El que se pueda dialogar, no puede esconder las diferencias. Acuerdos sobre lo fundamental son necesarios, pero no concesiones para beneficiar a los responsables de la guerra desde el poder del Estado o del capital. Por lo demás, se trata de una concesión política, porque en lo jurídico los supuestos beneficiarios de la modificación a la JEP engrosarán la lista del Tribunal Penal Internacional. Eso lo sabe Uribe, por eso busca persuadir por la vía suave recurriendo al manoseo del parlamento con el apoyo mediático.

En cuanto al aspecto político, nos remite a la pregunta sobre qué es lo alternativo y en qué consisten los criterios de respaldo al Acuerdo Final de Paz por parte de los dirigentes de la Convergencia. La claudicación de principios del liberalismo ante el fascismo, a punta de concesiones, condujo a las peores consecuencias y a la Segunda Guerra mundial. Es correcto mantener niveles de dialogo y de intercambio respetuoso. Ello no implica ignorar la intencionalidad sinuosa que intenta vulnerar la integralidad del Acuerdo de Paz y su implementación consecuente, esforzándose por dividir a los defensores y luchadores por la paz, lo que es también en el fondo la estrategia de los partidarios del oscurantismo y la autocracia. 

Partido Comunista Colombiano

Bogotá, noviembre 2 de 2018