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Bogotá
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Doña Isabel Molano es una de las habitantes que fue desalojada en el barrio Altos de la Estancia, ubicado en Ciudad Bolívar (Bogotá). Mientras está sentada en la hierba teje al crochet unos bolsitos para fundas de celular que, con suerte, podrá vender para conseguir algo de dinero y atender sus gastos.



Era la una de la tarde del viernes 29 de mayo y habían pasado más de 24 horas desde que los equipos de Derechos Humanos, integrantes de la organización Congreso de los Pueblos, le entregaron una copia de la resolución en la que se le concedió una tutela.

En ella se daba un plazo de 48 horas para que la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Policía Nacional, le provean “un lugar que cuente con las condiciones mínimas de salubridad donde la señora Isabel Molano junto con su grupo familiar pueda habitar, hasta el día 30 de junio de 2020, o en su defecto hasta el día en el que el Gobierno Nacional levante la medida de aislamiento obligatorio».

Esa mañana había acudido a las oficinas de la Alcaldía de Ciudad Bolívar para exigir el cumplimiento de la tutela o recibir información sobre la misma, sin embargo, como única respuesta le dijeron que no podían atenderla, pues “únicamente estaban disponibles para casos de maltrato” (¡!)

Las puertas de la Alcaldía se cerraron a pesar de la orden judicial, pero aún espera obtener noticias.

Los habitantes de este barrio son principalmente, vendedores y trabajadores informales que no cuentan con recursos económicos para hacer frente al pago de un alquiler.

Isabel es una de las muchas protagonistas de la «guerra» desatada por la Alcaldía contra ellos desde el 2 de mayo de 2020.

El término guerra, “lucha o disputa continuas entre personas, que puede dar lugar a actos violentos”, es apropiado en el marco de esta contienda que desató la institucionalidad contra una de las capas más empobrecidas y vulnerables de la ciudad.

Altos de la Estancia se convirtió en asentamiento de centenares de familias que, ante la negligencia por parte del Estado para garantizar el derecho universal de una vivienda digna, construyeron sus casas en ese sitio.

Pero la Alcaldía Mayor de Bogotá y de Ciudad Bolívar, llevaron a cabo desalojos, aunque Claudia López había asegurado que no podía hacerse esto durante la cuarentena, en referencia a familias venezolanas en "paga días", que de todos modos también fueron echadas a la calle, y muchas aún sobreviven en cambuches sobre el separador de la autopista norte, sin que la Alcaldesa se digne brindarles atención.

El motivo que ha argüido la Alcaldía para los desalojos es:

"Se trata de un suelo público destinado a la construcción de un parque, debido a que el terreno presenta riesgos geológicos que lo hacen inseguro para las personas que allí habitan".

Sin embargo, esto no justifica, ni explica, porqué se llevó a cabo el desalojo en medio de la pandemia y por qué no se brindaron garantías de vivienda digna para quienes estaban siendo expulsados de sus humildes hogares.

Durante estos procedimientos, además, se presentaron múltiples casos de violencia por parte de la Policía y el ESMAD, contra los pobladores, defensores de Derechos Humanos, observadores internacionales y periodistas de medios alternativos que se hicieron presentes.

La comunidad ha seguido resistiendo ante un procedimiento que consideran ilegítimo, pues no entienden por qué se llevó a cabo sin órdenes escritas de desalojo.

La irregularidad ha sido una constante en este operativo en el que, una de las funcionarias de la Alcaldía de Bogotá, Indira Caicedo, hacía presencia encapuchada y vestida de negro, sin ningún distintivo ni identificación de la Alcaldía, señalando cuáles casas tumbar.

Después de varias semanas la situación comenzó a conocerse en algunos medios de comunicación, pero los grandes medios al servicio de la burguesía y los terratenientes, guardaron cómplice silencio.

Considerando que la Alcaldesa afirma ser de “centro izquierda” no se entiende por qué la urgencia de realizar un desalojo en medio de la crisis sanitaria, económica y social.

Finalmente, la Alcaldía reaccionó con una campaña para posicionar su imagen. Comenzó con una rueda de prensa y continuó con un video en el que el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, desautorizaba a la funcionaria Indira Caicedo para volver a subir a Altos de la Estancia y argumentaba su vestimenta en supuestas amenazas que había recibido.

Después de ese video durante algunos días se ha vivido una tensa calma. Los habitantes aún son requeridos para abandonar sus viviendas sin ninguna garantía de por medio, y se les notificaron “resoluciones” para justificar los desalojos.

La nueva táctica institucional se concretó en la mañana del viernes 29 de mayo, cuando numerosos funcionarios coparon las diferentes zonas del asentamiento que en días anteriores habían sido notificadas.

Ahora los representantes de la Alcaldía ofrecen a las familias un subsidio de alquiler durante tres meses. Sin embargo, para acceder a esa ayuda deben desalojar su hogar de manera “voluntaria e inmediata”, mientras los funcionarios no les dan ninguna garantía ni documento que asegure el cumplimiento del trato.

En caso de no aceptar, los habitantes quedan expuestos a que durante los próximos días la Fuerza Pública los desalojó violentamente y sin ninguna garantía de vivienda. Este es el caso de muchas familias que ya no creen en la palabra de Claudia ni en sus funcionarios.

El giro procedimental ha sido evidente. El sábado 30 de mayo los funcionarios de la Alcaldía reconocieron que habían cometido errores.

Sin embargo, no se ha cuestionado el rol de los gestores de convivencia, la personería y la procuraduría, que respaldaron a los funcionarios, a pesar de los atropellos que llevaron a cabo contra las familias.

Entre tanto la abogada Indira Caicedo, contratista de la alcaldía local de Ciudad Bolívar, fue fotografiada el pasado 18 de mayo, cuando con su rostro cubierto y vestida de negro daba indicaciones.

La principal inquietud tiene que ver con que, tal y como lo confirmó la Secretaría de Gobierno, ese día “no se adelantó ningún operativo en Altos de la Estancia”. Entonces, no hay claridad sobre por qué estaba en ese sitio.

Luis Ernesto Gómez afirmó: “Todos los funcionarios o contratistas que trabajamos en @Bogota tenemos la obligación de dar la cara, de identificarnos y de garantizar que nuestras acciones sean vigiladas por la gente. Hoy cité a la contratista de @alcbolivar Indira Caicedo a rendir cuentas sobre lo ocurrido”.

La funcionaria lleva ocho años trabajando en la alcaldía local en temas relacionados con la recuperación del espacio público en predios de alto riesgo. Fue inspectora rural de Policía de Mochuelo desde el 2011 hasta el 2015 y, desde 2016, se encarga de los reasentamientos ilegales. Hoy está en el ojo del huracán porque estaría, según denuncias formales, facilitando las invasiones.

Existen evidencias de algunos procesos en su contra, pero ella asegura no estar enterada de lo que se le acusa, sin embargo, fue retirada de los procesos de recuperación de espacio público y se inició una investigación.

“La Secretaría de Seguridad está acompañando la investigación. Esperamos prontos resultados. No tendremos ninguna contemplación con quienes abusen de su cargo para la corrupción”, afirmó Gómez.

Estas denuncias las tiene la Fiscalía 79 seccional. El caso está en indagación y se han impartido varias órdenes de policía judicial para recopilar material probatorio, algunas ya se cumplieron y otras están programadas para realizarse.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dijo que las investigaciones con la Fiscalía van avanzadas:

“Las instituciones de seguridad y justicia tienen varias líneas de investigación sobre personas vinculadas con estos ilícitos y al parecer hay involucrados algunos exfuncionarios, funcionarios activos y contratistas, y en este sentido la Administración está en toda la disposición de entregar toda la información”.

Una denuncia anónima, radicada el 27 de febrero pasado ante la corregidora del sector de Mochuelo, que es pieza clave en las indagaciones dice que la abogada, en compañía de su pareja sentimental, un hombre que trabajaría en la misma alcaldía local, estaría facilitando estas ocupaciones.

“Han crecido las construcciones ilegales patrocinadas por la doctora de la alcaldía Indira Caicedo Zuluaga (…) le pido a la corregidora de la zona que haga presencia (…) los invasores les dan una parte a ella y al marido por cada lote vendido, y además cobran cuotas mensuales a los que ya compraron”, se lee de la carta en poder de la Fiscalía.

Además de estas acusaciones formales, varias fuentes (entre ellos líderes sociales, comunidad y un exfuncionario de la alcaldía de Ciudad Bolívar) que prefirieren ocultar su identidad "por seguridad", explicaron cuál sería el rol de la contratista:

Aprovechando su cargo se enteraba de los comunicados que la Secretaría de Hábitat le remite a la alcaldía local avisando sobre invasiones ilegales en algunos polígonos para que recuperen la zona y presuntamente enviaba a un delegado, antes de llevar a cabo cualquier acción oficial para exigir dinero a los ocupantes.

Un abogado que representa desde hace cinco años a una de las supuestas víctimas dijo que “cuando al despacho de la alcaldía local llegan las advertencias de la Secretaría de Hábitat sobre invasiones que deben recuperarse, Indira manda un notificador, que llega donde las personas que pusieron su casita ilegal, y les dice: ‘Bueno, aquí viene una orden de desalojo para ustedes, si no quieren que los desalojemos, consigne una plata’ ”.

A cada familia humilde le cobrarían entre 100.000 y 300.000 pesos para no sacarlos de allí, montos pagados a través de giros vía Baloto, Efecty o Dimonix.

Un exfuncionario de la alcaldía de Ciudad Bolívar contó que en la época en que fue inspectora en Mochuelo, Indira habría ayudado a una empresa minera a desaparecer unos documentos en medio de un pleito por una servidumbre.

Por esto hay un proceso abierto en la Fiscalía 211 seccional en contra de ella, de César Ernesto Duarte y Adriana Janeth Blanco, dueños de la empresa Miner Group SAS, titular del título minero n.° 16432 conocido como cantera Villa Paula.

No obstante, este no es el único proceso. Una persona que trabajó para la empresa minera, en un interrogatorio de la Fiscalía, explicó cómo sus antiguos jefes la habrían obligado, entre el 15 de julio y el 15 de agosto del 2015, a conseguir un dinero para tratar de evitar que saliera una resolución de la CAR que ordenaba el cierre de la cantera por no cumplir con algunos requisitos legales. El monto para lograr que no se cerrara la mina habría sido de 80 millones de pesos.

“Conseguir el dinero me llevó semana y media, el dinero es contado y embalado por mí y entregado a mi jefe, yo sé por lo que se comentó en el conteo del dinero entre César y Janeth, que la plata sería entregada a la señora Indira Caicedo, y ella se reuniría con el señor Néstor Franco, en una cafetería en la calle 34, al lado de la CAR, allí sería entregado con el fin de evitar que se profiriera la resolución”.

No obstante, en octubre de ese año la resolución llegó, pero el ‘resuelve’ era distinto al borrador. Ese proceso iba muy adelantado, por lo que no fue posible detenerlo en su totalidad.

El soborno alcanzó, según las denuncias, para modificar el ‘resuelve’, que terminó siendo un cierre preventivo de extracción de materiales de construcción, y no cierre de todas las actividades mineras, tal y como estaba en el borrador que habría conocido el propietario de la mina.

Durante estos días muchas de las personas a las que supuestamente se les había garantizado una ayuda, han regresado al barrio y ahora duermen en tiendas de campaña situadas junto a la cancha deportiva. La Alcaldía no ha cumplido con su palabra.  

¿Por qué frente a los desalojos y la corrupción, que tanto dice combatir, la Alcaldesa Claudia López ha guardado silencio cómplice?

Videos:
Bogotá. Desalojo en cuarentena 5
https://www.youtube.com/watch?v=B2SmtXXdtek
Colombia: ESMAD ejecuta desalojos de familias en plena pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=Em8lSZI5yks

LA DAMA DE NEGRO IDENTIFICADA ES 🥇【INDIRA CAICEDO ZULUAGA】⊛ FUNCIONARIA PUBLICA DE CLAUDIA LOPEZ
https://www.youtube.com/watch?v=CJIFbricjTI

Fuente:
https://www.colombiainforma.info/altos-de-la-estancia-los-desalojos-no-se-detienen-con-la-pandemia/