Tolima
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Conocidos los obstáculos que ha tenido que sortear la consulta popular minera, resulta pertinente recordar la iluminada referencia de Abraham Lincoln al “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, que fue tomada después como la más sabia definición de democracia.



Si para que Colombia pueda denominarse país democrático debe contar con esas condiciones de participación popular, no entendemos porqué el Consejo de Estado les niega a los ibaguereños el derecho a protocolizar en las urnas, a través de una “consulta”, su rechazo a que “se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio”.

Porque precisamente de lo que se trata no es de consultar, que de ello todo mundo sabe la respuesta, sino de ratificar lo que ya se ha expresado a voz en cuello y en diversas oportunidades, como en las multitudinarias Marchas Carnaval: que los habitantes de Ibagué no queremos ninguna práctica minera cuyos efectos coincidan con los señalados en la pregunta materia de “consulta”.

Para justificar su fallo, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo manifiesta que la pregunta contenida en la consulta “contiene juicios de valor negativos sobre la minería, que dirigen la voluntad del elector a votar por el No e impiden que el votante manifieste libremente su voluntad”.

Al contrario de lo que dice las secciones Cuarta y Quinta de este Tribunal, la consulta no induce respuestas en contra de la minería en general; solo pregunta por el parecer ciudadano en torno a un tipo particular de minería: la minería contaminante o que afecte la vocación agropecuaria y turística del municipio; por eso está encasillada dentro de esos parámetros estrictos, lo cuales, en caso de no señalarse, harían que la pregunta versara, ahí sí, sobre la minería en general, lo que implicaría, en caso del triunfo del No, un rechazo también a otros tipos de explotación minera de reconocida raigambre popular, de inmenso interés social y cuyos daños a la naturaleza resultan casi que inexistentes, como es el caso de la minería de sal, de oro de aluvión, de material de río, etcétera.

El Consejo de Estado debió avalar la pregunta, manifestando que en Colombia no puede haber cabida para actividades mineras que tengan los efectos contenidos en la pregunta, sobre todo porque la protección del ambiente es un mandato constitucional que obliga a todos los organismos estatales. No haberlo hecho así debe hacernos cavilar sobre la forma en que hacen uso de su inmenso poder las transnacionales patrocinadoras de la tutela que dio lugar a los anteriores pronunciamientos.


Gráfica pie de foto.- Marcha Carnaval en contra de megaminería. Foto: Uniminuto Radio