DDHH
Typography

El 25 de junio inició la Marcha por la dignidad Tejido y articulación de más de 40 organizaciones sociales, populares, culturales y de comunicación en el país. Sus consignas nos recuerdan la crisis de Derechos Humanos (DDHH) que vive el país hace décadas y que se ha agudizado los últimos 4 años.



Las organizaciones marchantes por la Dignidad en Colombia, denunciamos que el gobierno nacional tratando de impedir el derecho a la participación, expresión y movilización, ha ordenado a la Unidad Nacional de Protección, retirar el esquema de seguridad al Premio Nacional de Derechos Humanos JOSE MILCIADES SANCHEZ, uno de los doce marchantes por la Dignidad (*).

Solicitamos a los organismos multilaterales de DDHH, con base en sus mandatos exigir al Estado Colombiano, protección de la vida, de los líderes y lideresas y organizaciones sociales que emprendieron la ruta de la dignidad.

Señalamos que el juzgado 45 civil del Circuito de Bogotá, amparó los derechos fundamentales de las y los líderes sociales, defensores(as) de DDHH y ordenó al gobierno proteger sus derechos en medio la grave crisis que enfrenta la humanidad debido a la aparición y propagación del Covid 19.

El fallo es categórico en afirmar que los derechos de las y los defensores a defender los DDHH y a ser protegidos para garantizar esta labor no se suspenden en ningún momento y eso incluye los estados de excepción.

El fallo expresa que el Estado debe brindar protección adecuada y que las políticas deben tener un enfoque de DDHH, género, étnico – territorial, cultural, individual y colectivo. Así mismo solicita reactivar los espacios de interlocución.

Por su parte, los informes de Naciones Unidas, Wola y CIDH recomiendan al Estado generar las acciones suficientes y necesarias para frenar la eliminación sistemática de los líderes sociales y defensores de DDHH.

Es deber del Estado, máxime en el actual estado de emergencia y confinamiento, identificar los factores de riesgo y definir políticas adecuadas para la prevención y combatir la impunidad. Solicitamos y requerimos que la UNP, entregue por escrito las razones por las cuales definió retirar el esquema de seguridad a JOSE MILCIADES SANCHEZ, justo en estos momentos donde su vida se encuentra en mayor peligro.

Hacemos responsable al Estado colombiano por la vida de LOS 12 MARCHANTES POR LA DIGNIDAD y solicitamos a la comunidad internacional realizar una veeduría permanente.

26 de junio de 2020

Adendum:
El primer comunicado de la Marcha por la dignidad señala:

“Ya son, mal contados 84 días de cuarentena obligatoria, 84 días en los cuales el gobierno del Centro Democrático y el subpresidente Iván Duque, han aprovechado para realizar todas las reformas que no habían podido implementar en los últimos 20 años.

“Este gobierno ha aprovechado la cuarentena en todos los niveles y en todos los frentes sociales; para dar rienda suelta a todos los apetitos de los ricos y las pocas familias que tienen el poder político y económico en el país y de paso “tirar tierrita” a todos los escándalos producto de la corrupción y los manejos que han realizado durante décadas en este nuestro terruño llamado Colombia.

“La complicidad entre el gobierno, los ricos y los narcotraficantes viene sometiendo a un “nuevo” genocidio, el cual hoy nadie puede ocultar, a los líderes y lideresas de las comunidades; a quienes defienden los derechos humanos; a los Pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes negras, palenqueras y raizales a la población campesina, a quienes son ambientalistas y a quienes han dejado las armas.

Sí, hoy como antes nos están matando. Que no se atrevan a decirnos que gritar esta verdad, es un intento por hacer mala fama a un gobierno y un “benefactor sistema que hace lo mejor por toda la población”.

Hoy, en medio de la pandemia, gritamos #NOSESTANMATANDO. Nos están matando físicamente cada vez que muere un líder o lideresa social, una defensora o defensor de derechos humanos, un compañero o compañera indígena o afrodescendiente, una compañera o compañero campesino o parte de la población LGTBI.

Nos están matando antes de la pandemia, durante la pandemia y utilizan la pandemia para matarnos. Lograron acabar con el sistema de salud del país y seguirán haciéndolo si no somos capaces de derogar la ley 100 y construir un sistema de salud en donde prevalezca el conjunto de la humanidad y la vida en lugar de privilegiar el negocio de la salud y la muerte.

Nos están matando el futuro, con una educación al servicio del mercado, la banca y el individualismo y no de la población y el interés nacional; pensada para la sumisión y la enajenación con el objetivo de sostener nuestro estatus de “tercer mundo”.

Una educación que en todos los niveles se ve agobiada por la falta de recursos. Una educación que se muere lentamente de inanición o que entrega a los estudiantes y sus familias en los brazos asesinos de los bancos.

Nos están matando con la falta de protección, en todos los niveles, de la pequeña y mediana empresa, que de plano se debe señalar son las que permiten el mayor número de puestos de trabajo. PYMES que en medio de la pandemia, siguen siendo heridas de muerte, con el ofrecimiento de préstamos y ningún salvavidas real.

Nos están matando al saquear los recursos económicos que deben destinar a cumplir con los acuerdos de paz. Desfinanciar y no cumplir a cabalidad los acuerdos paz es un atentado aleve a las posibilidades de quienes han dejado las armas y de la sociedad en general. Con estos actos nos condenan a vivir en la guerra y la muerte que viene con ella.

Nos están matando con sus desalojos, en lugar de construir una política real de vivienda digna y al alcance de toda la población. Esto se presenta porque la vivienda ha sido pensada como un negocio de las constructoras aliadas de los gobiernos de turno y de los bancos, y no como un bien público y un derecho esencial de todas las familias colombianas.

Nos están matando con el incremento de la presencia de tropas gringas en el país, tropas que al día de hoy solo han demostrados que los “remedios” que traen son peores que la enfermedad; y las enfermedades que dejan son peores que las que llegaron a “curar”, dejando en la población daños mal llamados colaterales como violaciones a mujeres y niñas e infecciones de transmisión sexual. Lo que ha sucedido en todos los países en los cuales han llegado a promover su “seguridad” y mal llamada “democracia” no puede ocultarse con un dedo.

Nos están matando, con sus prácticas neocolonialistas e invasoras, con sus reiterados intentos de usarnos contra los Pueblos que deciden salir de sus tentáculos.

Nos están matando cada día que vive el bloqueo a Cuba, Pueblo que ha demostrado su solidaridad con el mundo en plena pandemia, con las agresiones a Nicaragua y Venezuela, a ésta última, utilizando nuestra hermosa geografía nacional.

Nos están matando y matan a todos los Pueblos del mundo que alzan una voz y un puño contra la mal llamada democracia de los imperios.

Nos están matando, en medio de la pandemia y, con el pretexto de la misma, vienen acabando la escasa institucionalidad, remanente discursivo de la democracia deseada; mediante el secuestro del Congreso, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales por parte de una élite corrupta y mafiosa, que ha logrado reducirlos a su mínima expresión participativa y de control político.

Han logrado profundizar la falta de garantías para todos los espacios de participación ciudadana; convirtiendo a los órganos de control político en caricaturas, arrodillados a los mandatarios de turno de este gobierno narcoparamilitar.

Nos están matando, con sus bancos y el sistema financiero que busca el lucro sin importar la vida, nos están matando con las deudas y con ofrecernos como única “ayuda” nuevamente endeudarnos. Mientras para la gente y los deudores se abren líneas de crédito para endeudarse más y cubrir con préstamos a altos intereses las obligaciones adquiridas, a las grandes empresas les dan exenciones y dinero para salvarse de la “crisis que afrontan”.

Nos matan lentamente cada vez que el Estado a través del banco de la república les entrega dinero a los bancos privados a un interés bajísimo y ese dinero nuestro nos lo prestan a intereses estratosféricos. La infamia de estos bancos ladrones tiene cifras y nombres; en el país existen veinticinco bancos privados de ellos solo cinco manejan más del 80% del mercado financiero y de créditos del país. Y detrás de estos emporios de la usura existen nombres, Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval que reúne a los bancos de Bogotá, Occidente y Popular.

Juan Carlos Mora, Bancolombia, propiedad de Grupo Empresarial Antioqueño, también conocido como Sindicato Antioqueño. Eduardo Pacheco Cortés, El presidente y dueño del Grupo Colpatria Scotibank. Isaac Gilinsky, propietarios del banco GNB Sudameris, también dueños de Servibanca, Servivalores y Lulo Bank.

Miguel Cortés Kotal, propietario de Banco Davivienda es propiedad del Grupo Bolívar que reúne a Seguros Bolívar y Constructora Bolívar, grupo fundado por José Alejandro Cortés su padre. Carlos Torres Vila es el Presidente del banco español BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. uno de los bancos más importantes de Europa en Colombia.

Nos están matando a quienes trabajamos de forma independiente, a quienes hemos intentado hacer “emprendimientos” y ejercicios profesionales, comerciales o buscamos el sustento en el sector de los servicios. A quienes nos la jugamos en la informalidad para la subsistencia familiar. A quienes hacemos parte de esa franja de población que el DANE descaradamente llama clase media.

Para quienes trabajamos como independientes y en la informalidad al día de hoy, no hay una sola propuesta para paliar los problemas y la atención de nuestras necesidades económicas y alimentarias, diferente al endeudamiento con los bancos ladrones.

Nos están matando cuando asesinan a nuestras compañeras en sus hogares o en la calle y no pasa nada, cuando las llamadas a las líneas de denuncias de violencias de género y feminicidio, se incrementan de manera desmedida y no se asume una política de protección especial en tiempos de pandemia; cuando siendo las mujeres las más pobres entre los pobres, siguen siendo golpeadas por las medias del gobierno más duro que al resto de la población, condenando a la mayoría por la condición de mujeres, desempleadas, trabajadoras informales, independientes y cabezas de hogar a pedir la limosna de un mercado pandémico y caer en el abrazo inhumano de los bancos.

Nos están matando con la invisibilización y desconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado de mujeres solas y sin recursos para educar y alimentar a su familia, más aún en periodos de pandemia a pesar de visibilizarse con más fuerza su participación en la economía del país. Hoy en el encierro este trabajo es totalmente ignorado, al igual como son borradas de un plumazo nuestras compañeras y sus demás aportes sociales por este modelo patriarcal.

Nos están matando a las trabajadoras y trabajadores con contratos formales sean indefinidos o fijos; con todos los decretos nacidos a la luz de esta pandemia, que recortan libertades sindicales, cercenan derechos laborales y profundizan la explotación del macabro teletrabajo. No olvidemos que desean con ayuda de la pandemia imponer el salario por horas y un salario que este por debajo del mínimo.

Nos están matando con una justicia al servicio de los poderosos, las grandes empresas y los banqueros. Una justicia donde exigir un derecho como pobre es todo un sufrimiento, una justicia de dificilísimo acceso y una velocidad de babosa, en la que no se mueven los procesos por falta de funcionarios y medios. Una justicia que no da ejemplo de honestidad sino de corrupción.

Una justicia al servicio de los políticos poderosos con fiscalía de bolsillo y todas las garantías para evadir y responder por sus acciones. Una justicia que se usa para judicializar la protesta social y a los hombres y mujeres que hacen uso de este derecho político.

Nos están matando, con su insaciable apetito de ganancia utilizando los bienes estratégicos del país. Si algo podemos dejar a las futuras generaciones para que vivan su vida felizmente es un ambiente saludable y los mejores recursos para su subsistencia.

Nos están matando ahora y a las generaciones futuras con la profundización del modelo de vida sustentado en el extractivismo minero energético y su odio por el agua.

Por todo lo anterior gritamos a los cuatro vientos #NOSESTANMATANDO y llamamos a todo el país consciente y golpeado a salir a las calles.

Iniciamos nuestra marcha por la dignidad, no nos dejaremos matar más, al unísono declaramos basta ya. Marcharemos por todo el país, gritando que esta realidad inhumana y este sistema asesino no van más.

Marcharemos por las calles de este país arengando a las conciencias y llamando a las mentes rebeldes y cansadas de vivir así, a tomar las calles para luchar contra todas las medidas impuestas. Que esta pandemia sea la oportunidad para construir un nuevo país.

Hoy caminamos por la vida, por la paz, por nuestros derechos y tenemos la seguridad de que si nos unimos y luchamos podemos lograr un país en el que vivir no sea un riesgo y luchar por el bienestar común no sea una sentencia de muerte.

A PARTIR DE ESTE 23 DE JUNIO NOS VEMOS EN LAS CALLES A DESOBEDECER TODAS LAS MEDIDAS, A CONECTAR NECESIDADES, TEJIDOS Y LUCHAS CONGELADAS.

LLAMAMOS A LA CALLE, PORQUE LA CALLE HOY MÁS QUE NUNCA ES EL ESPACIO DE LA LUCHA Y LA CONFRONTACIÓN, EL ESCENARIO DE LA LUCHA POLÍTICA Y ECONÓMICA.

DESDE ESTE 25 DE JUNIO MARCHAREMOS POR NUESTRA DIGNIDAD

(*) En el año 2016 José Milciades Sánchez Ortiz, directivo del  Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (Sintraunicol), recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia

Fue también reconocido por el Concejo Municipal de Cali (Valle del Cauca), por su trabajo como coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Sintraunicol y miembro del Comité Institucional de DDHH de la Universidad del Valle, gracias a la propuesta de la Concejal Patricia Molina del Polo Democrático.

#NosEstanMatando #SeHaceCaminoAlAndar