DDHH
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El artículo 218 de la Constitución Política señala que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (1).



Por su parte la Ley 62 de 1993, establece que la actividad de la Policía está destinada a proteger los derechos fundamentales tal como está contenido en la Constitución Política y en pactos, tratados y convenciones internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por Colombia.

La actividad Policial está regida por la Constitución Política, la ley y los Derechos Humanos. Y aún más, en la página web de la institución,  se evidencia que su actuación se rige por el respeto de los principios a la vida, la dignidad, la equidad y la coherencia.

Si la Constitución y las leyes son claras, entonces, ¿por qué día tras día proliferan en las redes sociales y en los medios de comunicación, denuncias sobre el abuso y la arbitrariedad policial contra ciudadanos indefensos?

¿Por qué existe un rechazo generalizado por grandes sectores de la sociedad, especialmente jóvenes, frente a la actuación de esta institución?

Es claro que no se trata de un problema normativo y tampoco subjetivo de “manzanas podridas”. De hecho, la fuerza pública ahora es experta en Derechos Humanos (DDHH), todos sus integrantes están obligados a recibir formación sobre el Sistema Internacional de Protección de los Derechos, e incluso en sus universidades,  hay especializaciones en el tema. Por ello, la explicación debe buscarse en el ámbito político y simbólico de lo que representa la actuación policial.

Lo primero que habría que señalar es que no se trata de hechos aislados, ni tampoco nuevos. Por años, las organizaciones de DDHH han denunciado asesinatos, actos de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, cometidos por la policía en acciones encubiertas, en desarrollo de las protestas,  y más recientemente,  en el marco de la aplicación del Código de Policía.

Son conocidas en Antioquia las denuncias contra el desmantelado Departamento de Orden Ciudadano (DOC), que en los años ochenta fue acusado de estar detrás de las acciones del grupo de limpieza social denominado Amor a Medellín. De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría, este grupo estaba conformado por agentes que prestaban sus servicios al Cartel de Medellín. O las masacres en los barrios de la ciudad, como la sucedida en Villatina, donde fueron asesinados nueve menores de edad por integrantes de la SIJIN. A esto se suman las denuncias por varios casos de desaparición forzada, cometidos en connivencia con grupos paramilitares, como los casos de Ángel Quintero y Claudia Monsalve donde está involucrado el general (R) Mauricio Santoyo.

Además, están los casos contra el ESMAD, señalado de ser responsable de alrededor de 34 asesinatos en el país, la mayoría de ellos estudiantes, campesinos e indígenas, en desarrollo de manifestaciones pacíficas.

En el marco del Paro Nacional del 2019, Human Rights Watch señaló en su informe: “Hemos recibido denuncias y pruebas creíbles de graves abusos por parte de policías colombianos, incluyendo detenciones arbitrarias y golpizas brutales contra manifestantes pacíficos, personas detenidas y transeúntes”.

Por desgracia, esto explica por qué no han resultado novedosas las denuncias sobre abuso policial, en el marco del aislamiento decretado por la contingencia del COVID 19, las que se expresan en detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales a vivienda sin orden judicial, comparendos arbitrarios contra ciudadanos/as con permiso para movilizarse o trabajar, así como ataques y golpizas a personas que desacataron la cuarentena por razones económicas, derivadas de la situación de pobreza. Esto sin contar lo que ya se conoce del homicidio de dos jóvenes en Puerto Tejada, Cauca.

En Medellín se han documentado centenares de casos en menos de tres meses, la mayoría contra la población más vulnerable: vendedores ambulantes, habitantes de calle, trabajadoras sexuales o personas de los barrios pobres de la ciudad.

Tanto el Gobierno nacional como local, delegaron en la Policía, no solo el control del aislamiento, sino otras acciones, como la entrega de alimentos en los barrios, pan y bolillo, dicen algunos. En la lógica de garantizar el control social de la población y de limitar el ejercicio de derechos, también se busca legitimar este accionar, otorgándole funciones que deberían ser desarrolladas por personal civil, como es la entrega de la ayuda humanitaria; es el viejo truco del policía bueno y el policía malo, enseñado por la doctrina militar de la Escuela de las Américas.

Pero, como decíamos al inicio, el problema no es de falta de normas garantistas, ni de formación en temas relacionados con los DDHH, sino político.

La Policía Nacional sigue siendo un cuerpo que responde a la Doctrina de Seguridad Nacional que muchos creen enterrada. Sus integrantes (hombres y mujeres), son formados y entrenados para responder a intereses relacionados con el mantenimiento del status quo, con poco respeto por la vida, la integridad personal, la libertad y la dignidad humana.

Esto es lo que explica que, incluso jóvenes bachilleres, salgan del aula de clase a comportarse como verdaderos delincuentes en contra de un anciano que defiende su carretilla de ventas ambulantes, como lo vimos hace poco en las noticias.

El adoctrinamiento militar enseña a odiar, a discriminar, a rechazar la diferencia, y eso es algo que la fuerza pública no está dispuesta a cambiar, como lo señaló el año pasado, el general Luis Fernando Navarro: “Lo que no podemos cambiar son los objetos y los propósitos de nuestros planes de entrenamiento” (2).

Si queremos que esta situación cambie, debemos propiciar que se supere la impunidad que rodea estos hechos. Es necesario exigir que los casos sean investigados y sancionados plenamente, ubicando los patrones que hacen posible la violación de los DDHH y los máximos responsables que diseñan la estrategia.

Es urgente avanzar en el propósito de contar con una Fuerza Pública para la Paz que aporte a la construcción de la reconciliación nacional. Para ello se requiere, entre otros aspectos:

1. Revisar la Doctrina de Seguridad del Estado y acabar con la legislación que promueve la concepción de “enemigo interno”.

2. Destituir a los miembros de la fuerza pública que por acción u omisión, hayan participado en graves violaciones a los DDHH.

3. Reducir de forma progresiva el número de integrantes de la Policía y los militares y no dar tratamiento de orden público a la protesta social.

4. Reformar la Policía Nacional para que pase a ser un cuerpo civil, dependiente del Ministerio del Interior, y desmontar el ESMAD.

5. La seguridad militar debe reemplazarse por los conceptos de seguridad humana y de una pedagogía basada en el respeto de la dignidad y el respeto de los DDHH.

“Poli, mamá, yo quiero ser poli
acosar al detenido
y joderle bien jodido si no colabora.

Poli, mamá, yo quiero ser poli
tener algún tiroteo,

para darle gusto al dedo
con dianas de verdad”.

La Polla Records

EDICIÓN 98/99 ENE-JUN 2020

(*) La Corporación Jurídica Libertad es una organización no gubernamental creada en 1993 en Medellín, dedicada a la defensa y promoción de los DDHH (Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y Derechos de los Pueblos) en los departamentos de Antioquia y Chocó.

Tomado de revistaciendiascinep.com