Unos 10 000 docentes peruanos, llegaron este martes a Lima, luego de participar por varios días en “la marcha de sacrificio".

El presidente del comité de Lucha de Junín, Brangil Mateo Blas, manifestó:

«Ya estamos en Lima y pedimos al presidente y a la Ministra de Educación que dialoguen con los maestros que han llegado de todo el Perú, con sus verdaderos dirigentes respecto al pliego de reclamos que tenemos».

Señaló que entre los objetivos de su lucha, está el incremento del presupuesto para el sector de la Educación, derogatoria de leyes contra la estabilidad laboral de los maestros, el incremento de los sueldos a una unidad impositiva tributaria, y el pago de la deuda social, y la derogatoria de leyes contra la estabilidad laboral.

El incumplimiento de estas medidas mantiene a los maestros en huelga, pese al anuncio de los descuentos a aquellos profesionales de la educación que no concurren a trabajar.

Desde que inició la huelga, los maestros se han movilizado, bloqueando puentes y carreteras, e intentaron tomar aeropuertos. Entonces el Ministerio del Interior colocó denuncia penal por “vandalismo” contra los dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE).

El presidente Peruano, Pedro Pablo Kuczynski, (quien abusivamente ha intervenido en los asuntos internos de Venezuela, obedeciendo las ordenes de la embajada yanqui), afirma que el paro tiene “motivación política más que pedagógica”, y que los huelguistas plantean demandas salariales "excesivas", por lo que “no hay forma de conversar”.

Los huelguistas demandan que Kuczynski, (el “santos” peruano) cumpla su promesa de elevar los sueldos de los maestros, que asegura “no ha podido cumplir”, debido a la caída del monto de la recaudación de los impuestos y señaló que lo hará en los próximos meses.

El Gobierno de Perú ha declarado en “estado de emergencia” la provincia de San Román, y los municipios Cusco, Wanchaq, San Sebastián, Machu Picchu y Ollantaytambo, luego de las protestas de los maestros que se mantienen en huelga desde el pasado 15 de junio, y determinó que las fuerzas armadas, junto a la policía mantuvieran el orden público.

Este decreto suspende durante 30 días los derechos constitucionales vinculados a la libertad y seguridad individuales, el libre tránsito y reunión, y permite que se realicen allanamientos y detenciones sin una orden judicial.

La  decisión fue precedida por una jornada nacional de marchas y concentraciones convocada por la Confederación General de Trabajadores (CGTP), en contra la política laboral y económica del gobierno.

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