Nacional
Typography

La pandemia nos ha puesto en una situación de sujeción ciega y servil a los dictados de una autoridad ilegítima y fratricida. Hemos utilizado todos los mecanismos con los que contamos para proponer alternativas, denunciar y expresar nuestro rechazo a la respuesta del Gobierno a la crisis pandémica. Desde el mes de marzo entendimos que se trataba de preservar nuestras vidas.



Privilegiando el enriquecimiento de sus financiadores de campaña, de sus amigos y de sus familiares (hasta podríamos llamarlos sus “socios” en esta empresa política), Duque decide reactivar la economía, comienza a tomar medidas que privilegiaban esos intereses, hasta llegar a autorizar la aglomeración de consumidores frenéticos en todo el país. Con un solo gesto expuso a una sociedad entera a un riesgo inminente y en este caso de contagio viral en masa y fatal.

Revisando uno a uno sus decretos y los días sin IVA se pone en evidencia su nivel inalcanzable de irresponsabilidad en la toma de decisiones para responder a la pandemia. Duque y sus amigos, son incapaces de gobernar y por lo tanto asumen la gerencia del país como si se tratara de una empresa, es decir privilegian la rentabilidad, no a la ciudadanía al exponerlos al contagio. Con esa decisión el Gobierno va en contra de su mandato constitucional de proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia.

Conjuntamente, se presenta una situación que constituye un agravante: la ilegitimidad de la autoridad gubernamental. Esa ilegitimidad se basa en dos elementos fundamentales que rompen con el régimen democrático: la compra de votos y el fraude electoral. Sumémosle un Ejecutivo que gobierna sin contrapeso del Legislativo y sin un ente investigador independiente. Es decir, además de ilegítimo, es antidemocrático.

Entonces no nos queda difícil plantear que Colombia vive actualmente bajo un régimen autoritario, donde los poderes se concentran en manos de un grupo de individuos que los ejercen de manera arbitraria y clientelista.

Nos están exigiendo que retomemos una vida normal, productiva, como si nada hubiera pasado, cuando la pandemia está en su pico más alto, que cada día infecta y mata a un mayor número de personas. Al exponer nuestras vidas en nombre de la economía nacional, el Gobierno nos está llevando al matadero, el cual objetamos, porque va en contra de nuestro instinto de supervivencia y de la ética. Por lo tanto, existen dos razones para cuestionar la sujeción a la autoridad de Iván Duque como presidente. Esta situación trágica provocada por el Gobierno constituye una causa suficiente para desobedecer.

Así, respondiendo al llamado del Senador y Líder Político de la Colombia Humana, Gustavo Petro, es importante hacer memoria de la desobediencia civil como manifestación política de las sociedades en momentos de opresión a favor de la justicia social, en defensa de los derechos humanos y la vida.

La desobediencia civil se ha ejercido históricamente como una eficaz herramienta no violenta de cambio social. Las más grandes transformaciones sociales que han invocado la desobediencia civil han sido el movimiento sufragista internacional, el Movimiento de los Derechos Civiles de las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos, liderado por Martin Luther King, el movimiento independentista de la India, liderado por Mahatma Gandhi, los movimientos antiguerra de la década de los 70 y ciertos sectores del movimiento anti-Apartheid en África del Sur.

En esos casos, la desobediencia civil, como práctica de resistencia democrática y pacífica, ha logrado grandes transformaciones sociales, al desencadenar cambios de mentalidad en sociedades enteras. Ha sido, también, una acción exclusivamente de paz asociada a los movimientos pacifistas del mundo (movimientos en contra de la guerra de Vietnam, movimiento mundial antinuclear).

Más aún, es un llamado a la conciencia ciudadana, a la ética, al sentido común. La legitimidad de la desobediencia civil emana de la ética del Pueblo, la cual tiene prioridad por encima de las decisiones políticas cuando éstas son contrarias a los valores del pacto social establecido en la Constitución.

Cuando la norma que impone el gobierno está pervertida, entonces no solamente es legítimo, sino que es ético desobedecer. Recordemos la Resistencia Francesa en contra de la ocupación Nazi, que se opuso a colaborar con los genocidas. Cuando obedecer a la autoridad ilegítima equivale a colaborar, no queda más remedio que desobedecer.

Ahora bien, precisemos también lo que no es la desobediencia civil. No es una invitación a la “anarquía social”, no pretende subvertir los principios constitucionales, sino lograr que se implementen de manera adecuada. Tampoco es una invitación al incumplimiento de la ley, a entrar en la criminalidad. Ni es un llamado al levantamiento en armas. No es retroceder a estados de mayor opresión y retrocesos en derechos. Incluso, no se trata de decir que todo es relativo y que ninguna norma vale.

Como se indicó, la desobediencia civil es una práctica legítima, cuando la ética y los valores fundamentales como la vida y la dignidad de una sociedad, entran en conflicto con una política vigente.

Hoy en Colombia, cuestionamos de manera manifiesta la legitimidad del mandatario y sus medidas, y nos oponemos a la destrucción de la vida, a la injusticia, al sufrimiento. En un acto dirigido por los principios de justicia social y la defensa de los derechos humanos, como último resorte, objetamos consciencia de manera legítima y declaramos: no obedeceremos a una política que nos conduce a la muerte, ni obedeceremos a una autoridad ilegítima.

El vértigo que estamos sintiendo ante el abismo nos apura a cuestionarnos sobre la democracia a la que aspiramos, sobre las formas de disentir y protestar para provocar un cambio en la conducta gubernamental. Nos invita a imaginar otras formas de ejercer y garantizar nuestros derechos, a pensarnos un Estado que sí dé respuesta a los retos de la defensa de la vida y de la crisis climática, y a unirnos para retomar el control soberano de nuestro futuro.

11 de julio de 2020

Tomado de cuartodehora.com  

(*) María José Pizarro es Representante a la Cámara, activista por la paz. Ha dedicado su trabajo y esfuerzo a recuperar la memoria viva del país y en particular la historia de su padre, Carlos Pizarro, máximo comandante del movimiento guerrillero M-19, asesinado tras firmar la paz en 1990. Sus estudios de artes plásticas le impulsaron a investigar y realizar una curaduría de él, que se ha convertido en exposiciones, documentales, películas y libros.

Desde la Secretaría de Cultura de Bogotá (2011-2013) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013-2017), trabajó con comunidades en el diseño, implementación y coordinación de programas para la participación, los derechos de las víctimas y las políticas públicas de reparación y memoria, las acciones conmemorativas y la construcción de memoria.

Víctima del conflicto colombiano, desde muy pequeña, vivió en el exilio. Desde Barcelona se convirtió en una de las voces del activismo por la memoria con la diáspora colombiana. Nació en Bogotá en 1978 y fue convocada para encabezar la #LaListaDeLaDecencia a la Cámara de Representantes en la coalición de Gustavo Petro (Colombia Humana), Clara López (Todos Somos Colombia), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la Unión Patriótica (UP) y la Alianza Social Independiente (ASI).