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Una bandera roja en la ventaja, es Colombia que sufre de hambre e impotencia, y grita: “¡Aquí estoy yo! ¿En dónde está el Estado?” En un país donde millones viven de la economía informal y fuera del alcance institucional, el Gobierno Nacional, sin respuesta planeada ni preventiva, no tomó las medidas humanitarias adecuadas a las necesidades reales de la población más vulnerable. Pero sí ha llevado al país a una encrucijada: morir de hambre al confinarnos y esperar que llegue la vacuna, o morir por Coronavirus al exponernos al contagio.



Cuando decidió reactivar la economía de sus socios, instauró el “derecho al trabajo – usted verá si se contagia” como gran solución a la crisis de las banderas rojas. Éstas reclaman acción y lanzan un llamado a la solidaridad comunitaria, pero también a la responsabilidad del Estado en garantizar el derecho humano a la alimentación.

La ONG Acción contra el Hambre lanzó esta semana una alerta internacional sobre la “crisis de hambre sin precedentes” a la que podría estar sometida América Latina, producto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Según cifras de la CEPAL, finalizando el 2020, el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones.

El total de personas en esa condición pasará de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020. Aterrador diagnóstico es tomar consciencia que uno de cada tres latinoamericanos estará en condición de pobreza al finalizar el año. (1)

Previendo una situación de esta magnitud, Duque expidió el Decreto 523 del 7 de abril, el cual elimina “parcialmente” el arancel de aduanas para el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya, y lo sumó a los créditos financieros en tiempo de pandemia de FINAGRO de 226 mil millones de pesos, de los cuales el 94% fue a parar a grandes industrias agropecuarias.

Estas medidas demuestran la férrea postura del Gobierno a seguir sobreponiendo los intereses de la agroindustria y el capital transnacional, a las necesidades del Pueblo colombiano. Así, el agronegocio responderá a la demanda mundial de alimentos, donde logre el máximo rendimiento de la inversión, y en las ventanas de Colombia seguirán hondeando las banderas rojas.

Colombia por sus suelos, climas y ubicación, es uno de los territorios con mayor agrobiodiversidad del planeta. Desde la colonia, impera un régimen feudal, donde unas oligarquías se han dedicado a expropiar violentamente la tierra y a tratar a Colombia como su cajero natural de riqueza. Esto ha generado, por un lado, el acaparamiento improductivo de millones de hectáreas en el país y, por otro lado, un modelo agroindustrial extractivista que ordena los territorios según las demandas del mercado internacional.

A partir de la apertura neoliberal de la economía colombiana, que incluyó la imposición arrasadora de tratados de libre comercio de grotesca asimetría y la llegada de alimentos altamente subsidiados del exterior, el campesinado se ha visto marginado a producir a pérdida o a botar su producción por falta de apoyo en su comercialización.

Los campos de monocultivo, de caña de azúcar, de palma, de banano y de ganado extensivo, altamente dependientes a los agroquímicos y a excesivos consumos de agua, provocan la destrucción de nuestros ríos, bosques y montañas, y el desplazamiento masivo de comunidades enteras en toda Colombia.

Estos son apenas unos ejemplos de cómo la pérdida progresiva de la soberanía nacional ante intereses transnacionales se traduce en una destrucción de los ecosistemas y las culturas de los territorios. Es fundamental, hoy más que nunca, que la soberanía alimentaria trascienda de reivindicación popular a una política pública que confronte a los gobiernos a nivel nacional y local sobre la manera en cómo se decide en los territorios frente al alimento.

Es imperativo poner en marcha de manera inmediata la Resolución 006 del 2020 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la cual se adopta el Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, creado en cumplimiento de lo establecido en la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz.

Paralelamente, se debe fomentar los circuitos cortos de producción y consumo para reducir el excesivo número de intermediarios y especuladores del alimento en detrimento del campesinado y del consumidor final. Así mismo, la Renta Básica Universal apoyará a las familias más necesitadas, lo cual podría impedir, tan sólo en América Latina, el aumento de 14 millones de personas con hambre recluidas en sus casas sin un apoyo Estatal adecuado, tal como lo afirma el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (2)

Ante una tal promesa de hambre y desesperanza, las banderas rojas indican que el Pueblo colombiano se niega a la rendición y exclama su soberanía revindicando el alimento como derecho fundamental. Nos oponemos a los pomposos y engañadores discursos de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible, que encontrarán terreno fértil bajo esta situación para imponer agendas agroindustriales de una nueva “revolución verde”.

La soberanía alimentaria, que conecte las necesidades crecientes de abastecimiento alimentario con una producción agroecológica en los campos, es a su vez una respuesta concreta y a corto plazo a la crisis actual, y representa el empoderamiento de quienes defienden la tierra, para anteponer el agua sobre el petróleo, la comida sobre el oro, la vida sobre la muerte.

Notas:
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). Contracción de la actividad económica de la región se profundiza a causa de la pandemia: caerá -9,1% en 2020.
https://www.cepal.org/es/comunicados/contraccion-la-actividad-economica-la-region-se-profundiza-causa- la-pandemia-caera-91

2 Noticias ONU (2020). Una pandemia de hambre amenaza a América Latina por la crisis del coronavirus. https://news.un.org/es/story/2020/05/1475122

18 de julio de 2020

Tomado de cuartodehora.com