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Nacional
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Lo que nos faltaba. Ver al presidente Iván Duque disfrazado de Policía, visitando varios CAI en el occidente de la capital. Sin rubor, exhibe el mismo uniforme de quienes dispararon, junto a civiles parapoliciales, contra la multitud, y desfila en instalaciones policiales desde cuyos alrededores salieron las balas mortales que acabaron con la vida de 9 ciudadanos en Bogotá y 4 en Soacha, e hirieron a 75.



En cambio, sin ningún asomo de vergüenza, dejó la silla vacía en el acto de perdón y reconciliación con las víctimas del abuso y la violencia policial, convocado el pasado domingo por la alcaldesa Claudia López. Nefasto lenguaje simbólico el del Presidente.

Otros voceros de su Gobierno han hecho gala de mensajes similares. El Ministro de Defensa y los mandos de la Policía tardíamente pidieron perdón, solo por la inocultable brutalidad en el asesinato de Javier Ordóñez a manos de agentes de la Fuerza Pública, quienes fueron “castigados” inicialmente con “labores administrativas” y ampararon sus investigaciones en la Justicia Penal Militar. Pero ningún perdón se ha escuchado por las otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en las jornadas de protesta del 9 al 12 de septiembre.

Torpemente, el Gobierno ha esgrimido la trasnochada tesis de que todo fue resultado de la infiltración del ELN y de las disidencias de las FARC. Abusan de una narrativa que criminaliza la protesta y la indignación de la ciudadanía, porque lo que sí está plenamente demostrado es que ninguno de los ciudadanos muertos o heridos tenía vínculo alguno con estas organizaciones armadas.

Esta anacrónica mentalidad de guerra fría o del “enemigo interno” del Gobierno Duque, agrava el problema estructural de una fuerza policial militarizada, adscrita al Ministerio de Defensa, formada y acostumbrada a lidiar con la lucha contrainsurgente y la guerra antidrogas.

Por ello, los mensajes del Presidente Duque, el Mindefensa Trujillo y el Comisionado de Paz Ceballos, operan como estimulantes del abuso policial contra toda manifestación ciudadana, que cualquier agente de policía pueda considerar como una alteración del orden o una amenaza a la seguridad del Estado. Poco les importa la crisis de confianza ciudadana que enfrenta actualmente la Policía Nacional que, por su patrón de conducta, ha hecho que la confianza de los bogotanos en la Policía caiga de un 40.6% en el 2010 a un 24.6% en este año, según un reciente estudio de la Universidad de Los Andes.

Ahora, llama poderosamente la atención el balance posterior a la jornada de manifestaciones por el asesinato de Javier Ordóñez: solo hubo 4 uniformados heridos con armas de fuego frente a 13 civiles muertos y 75 heridos por impactos de bala. La propia alcaldesa Claudia López le entregó al Presidente Duque un registro de hora y media de grabaciones de policías y civiles disparando contra la población, así como 119 denuncias ciudadanas de uso desmedido de la fuerza con armas de fuego, torturas y detenciones arbitrarias en 10 localidades de la capital. Ello, a pesar de la desautorización expresa de la Alcaldía Mayor del uso de armas de fuego para contener desbordamientos en la protesta social y de la adopción, desde enero de 2020, de un protocolo que priorizó la actuación de los gestores de convivencia y sólo, en última instancia, la incursión de la Fuerza Pública.

Curiosamente, mientras sin ningún control, el expresidente y exsenador Álvaro Uribe llamaba a la represión militar y policial de las protestas, desde su cuenta de twitter, se produjo una singular interinidad en el comandancia de Policía en Bogotá: ante la incapacidad médica por COVID del comandante en propiedad, el General Gómez Heredia, se había encargado al subcomandante, Coronel Luis Alberto Sarmiento; pero inexplicablemente, el miércoles 9 de septiembre a las 6 de la tarde, dos horas después de iniciada la primera protesta simbólica en el CAI de Villaluz, donde habían torturado y asesinado a Javier Ordóñez, Sarmiento fue sustituido por el General Juan Alberto Libreros, quien esa noche fue confirmado como positivo para COVID. Finalmente, el 10 de septiembre a las 7 de la noche, en medio de las protestas y la violencia policial fue designado el  General Carlos Alberto Rodríguez como el cuarto comandante de la Policía de la capital en un poco más de 24 horas.

Algunos expertos han enumerado una serie de problemas endógenos de la Policía Nacional, que podrían explicar el comportamiento de los agentes en sus labores cotidianas. Señalan que desde el 2003, se presentan deficiencias en sus procesos de selección y formación. Ello, afectó el proceso de profesionalización de los policías que venía de los años 90, generando indisciplina, ineficiencia en el trabajo, aumento de la corrupción, retiros prematuros, represamiento en los ascensos y desmotivación de quienes cumplen adecuadamente sus funciones, en un contexto de enormes desigualdades y exclusiones al interior de la Fuerza Pública.

Con mucha razón se ha advertido que hubo una interrupción constitucional en los aciagos días de la primera semana de septiembre; que en algún momento se rompió la cadena de mando; que las órdenes de reprimir y disparar salieron de zonas grises o de espacios extralegales; que la doctrina del enemigo interno actuó a sus anchas con una Policía al margen de la Ley; que hay una evidente responsabilidad política por las muertes y los heridos del soberbio y demagogo Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y que al Presidente Duque le ha quedado grande hasta el uniforme de Policía que lució por estos días en Bogotá. (17 de septiembre de 2020)

Ministro Mentiroso.
Carlos Holmes Trujillo, el Ministro de Defensa, miente con una facilidad asombrosa. Lo hace para ocultar las desastrosas cifras de inseguridad, para simular la ocurrencia de las masacres contra civiles inermes, para explicar el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país y para esconder la gravedad de los espionajes ilegales o los hechos de corrupción que ocurren en las tropas bajo su mando. Pero la mentira más descarada es la que acaba de protagonizar con la ilegal e inconstitucional autorización de la actuación de la Brigada de Asistencia Militar del Comando Sur del Ejército Norteamericano en territorio colombiano.

Una ofensa a nuestra dignidad como Nación, que parece no importarle al Mindefensa, fue que supiéramos de la llegada de la Brigada de Asistencia Militar de EEUU por cuenta de la embajada de dicho país. Ante la indignación por la noticia, el Ministro Holmes Trujillo quiso minimizarla y justificarla falazmente aduciendo que esta presencia militar gringa era habitual en nuestras relaciones bilaterales con EEUU, que se amparaban en varios convenios de cooperación y que constituía una simple e inofensiva tarea de asesoría técnica a nuestras tropas.

En los debates que la oposición adelantó en el Senado de la República se pudo demostrar que no existe ningún convenio de cooperación que justifique la presencia de dicha brigada, y que su presencia en regiones de recrudecimiento de la violencia, las denominadas “zonas futuro”, y en áreas fronterizas con Venezuela como el Catatumbo y Arauca, constituyen una inocultable presencia militar extranjera en nuestro territorio y en una amenaza a nuestra integridad territorial, a la seguridad interna y binacional y a la adecuada implementación del Acuerdo de Paz.

Pero la mentira mayor del Ministro estaba por venir: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a propósito de una Acción de Tutela interpuesta por varios Senadores, en cabeza de Iván Cepeda, suspendió la actuación de la Brigada gringa en el territorio nacional y ordenó al Presidente Iván Duque presentar al Senado de la República un informe detallado sobre dicha presencia. Cumpliendo parcialmente el fallo del Tribunal, la Presidencia de la República suspendió las actividades de la Brigada de Asistencia Militar, envió el informe a la mesa directiva del Senado, pero interpuso un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, que evitara el trámite de autorización ante la plenaria de la Cámara Alta.

Apareció en escena el entonces Presidente del Senado, Lidio García, quien en carta dirigida a la Secretaría Jurídica del Palacio de Nariño, extrañamente informó de la recepción de comunicaciones escritas de 69 senadores de distintas bancadas quienes “certificaban” la ocurrencia de debates de control político sobre el tema y manifestaban el innecesario trámite de autorización para la presencia de los militares norteamericanos en suelo colombiano. Sin sonrojarse, Holmes Trujillo se dio por autorizado y mentirosamente le comunicó al país que el Senado había avalado la actuación de la mencionada Brigada. Olvidó deliberadamente que toda autorización del Congreso ocurre mediante el voto de los parlamentarios.

El Ministro de Defensa sabe que está mintiendo. Sabe que la Brigada de Asistencia Militar norteamericana está actuando en Colombia ilegal e inconstitucionalmente.

Debe saber que se ha burlado del Senado de la República y que ha desacatado una orden de un alto tribunal y que ello constituye un prevaricato. Un Ministro mentiroso es insostenible en cualquier democracia seria y merece el estreno de la moción de censura en el Congreso de la República.

Adenda: Las masacres, que el Ministro ha querido trivializar, van en aumento. Todas las fuentes coinciden en contabilizar más 50 en lo corrido del 2020, cifra aún mayor que la del pico paramilitar que, entre 1994 y el 2002, registró 50.6 masacres por año. Y mientras se le ocurre enfrentarlas con fumigaciones de glifosato, ignora que su política de seguridad en nada ha contribuido con la reducción de la violencia.

Según un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz, la reducción de los delitos durante la pandemia no ha tenido ninguna relación con las políticas públicas de seguridad. Inclusive, la FIP advierte que los homicidios a nivel nacional solo se redujeron en un 15.2% entre enero y mayo de este año, pero en ciudades como Quibdó, militarizada y con toque de queda, los homicidios aumentaron, pasando de 29 en el 2019 a 65 en el 2020. ¿Dónde está su política de seguridad y defensa, Ministro? (10 de septiembre de 2020)

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Tomado de cuartodehora.com