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“¡Por favor ya; ya por favor!”, suplicó varias veces Javier Ordóñez a dos policías que lo asesinaron en Bogotá. Era abogado, hijo, esposo, tenía dos hijos. Este es uno de los últimos episodios de la barbarie que está asolando a Colombia y se suma a la matanza sistemática en diversas regiones de la geografía nacional que diariamente descorazona a nuestro país y que en buena medida es consecuencia de tratar de hacer “trizas” los Acuerdos de paz suscritos en 2016.



Este crimen de agentes del Estado perpetrado en la capital y más de medio centenar de masacres que han ocurrido en Colombia en los 9 meses de este año, me han retrotraído a los traumáticos años de comienzos de este siglo en mi región, el norte de Antioquia, en donde se presentaron una serie de ataques y acciones bárbaras de exterminio que acabó con el proyecto de vida de cientos de pobladores de municipios como Yarumal, Angostura, Campamento, Briceño y Valdivia.

Vienen a mi mente episodios dantescos, narrados por víctimas del paramilitarismo como el del municipio antioqueño de Segovia, en el que sin ningún escrúpulo asesinaron a humildes pobladores que iban encontrando en la vía pública. Cuarenta y tres habitantes masacrados y 54 heridos, por más de 30 hombres vestidos con trajes de camuflado que ingresaron en tres camperos al pueblo y durante aproximadamente una hora dispararon indiscriminadamente contra la población en el parque central. Llovía y los cuerpos masacrados, empapados al aire libre, tiñeron el agua de rojo y devino un río de sangre que acongojó y sumió en la completa desolación a los habitantes de Segovia.

Las masacres del último mes en Samaniego y Ricaurte en el departamento de Nariño; el homicidio de cinco niños en el barrio Llano Verde, al oriente de Cali; las matanzas en Norte Santander, en Cauca; en fin, toda esta locura de salvajismo e inhumanidad, me retrotraen a aciagos sucesos que marcaron mi juventud.

Desde mi natal Yarumal se coordinaron acciones mortíferas que asolaron buena parte del norte de Antioquia a través de la conocida organización paramilitar “Los doce apóstoles”, de la cual supuestamente hacía parte Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente que hoy se encuentra con detención domiciliaria.

Ese grupo de autodefensa tenía la particularidad de que lo lideraba el sacerdote católico Gonzalo Javier Palacio Palacio, conocido como “el cura de las dos biblias”, quien aprovechaba su condición clerical para intimidar y sembrar zozobra entre la comunidad.

Eran los tiempos, además, de las tenebrosas “pescas milagrosas” promovidas por el propio gobierno, en virtud de las cuales se hacían capturas masivas para ejercer control social y que en mi departamento se conocieron con la denominación de Marconi 1 y Marconi 2, Everest en Urrao, Orión en San Javier (Medellín) entre otras.

En esta ‘historia de la infamia’, como diría el inmortal Jorge Luis Borges, para infortunio de nuestra identidad como colombianos, siempre ha estado la complicidad de agentes del Estado.

Ahí están, por ejemplo, los múltiples testimonios que dan cuenta que, en el municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, en el aro (Ituango) tras una acción de exterminio social perpetrada por las autodefensas, el helicóptero de la Gobernación evacuó al grupo de paramilitares, una vez ejecutada la operación criminal.

Para infortunio de Colombia, hoy volvemos a presenciar similares operaciones de una época que creíamos superada. Ha retornado el accionar de una campaña del terror que busca aniquilar todo lo que es organización, participación comunitaria, liderazgo y proceso social, bajo la mirada cómplice del Estado.

De ahí, la necesidad de que desde los sectores progresistas y democráticos apostemos por la modernidad del país, que no es mera retórica sino la posibilidad de construcción de tejido social y convivencia para configurar las innovaciones sustanciales que permitan satisfacer las necesidades materiales y espirituales de una nación como la colombiana atravesada por un inveterado conflicto interno que ha retrasado ostensiblemente su progreso y mermado sus capacidades para avanzar en un proyecto coherente de Estado Social de Justicia y de Derecho.

18 de septiembre de 2020
(*)  Representante legal de la Alianza Social Independiente (ASI)

Tomado de cuartodehora.com