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No sabe uno si sorprenderse o asumir los hechos como son y reconocer que el de Iván Duque, es un gobierno de extrema derecha, corrupto, autoritario y pro-fascista. Y es necesario reconocerlo como tal y en esa medida poner al movimiento social y Popular en el aviso que le permita actuar en concordancia con esta caracterización, nada halagüeña en el escenario de la construcción de la Paz para el país, que se supone es el momento en el que deberíamos estar después de la firma de los acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.



Las reiteradas declaraciones del ministro de defensa Guillermo Botero, en las que se señala sin escrúpulos, que la protesta social es un escenario financiado por mafias internacionales y grupos armados, declaraciones no sólo irresponsables sino peligrosas, por cuanto estigmatiza a quienes participan de la protesta social que entre otras cosas es un derecho humano y constitucional y hace parte de la esencia de una sociedad democrática. Pero lo más grave de estas declaraciones es que ellas se hacen en un contexto político en el que están siendo asesinados líderes y lideresas sociales en promedio diario de 2 asesinatos en el último mes.

 No obstante la gravedad de estos pronunciamientos por la connotación política que tiene el ministro de la defensa, encargado de proteger la integridad y la vida de líderes y lideresas sociales, es importante considerar otros hechos que agravan este panorama y profundiza la preocupación del movimiento social y popular en relación con la vida integridad y posibilidades de ejercer el derecho a la protesta en el país. Las declaraciones nos hacen recordar un “viejo modelo” (permanente) de exterminio al movimiento social y popular utilizado en nuestro país en la década de los 80 y 90, (el genocidio a la Unión Patriótica, al movimiento sindical entre otros) para contener la protesta social ante el recrudecimiento de la crisis social económica y política que vivía el país por aquella época. Antes como ahora la protesta social se impone ante los anuncios del gobierno de Iván Duque orientados al aumento impuestos a la clase trabajadora, el recorte de derechos y conquistas sociales y laborales, el recorte en programas de carácter social, así como el anuncio de importantes reformas que de conjunto, podrían afectar la calidad de vida de sectores de trabajadores y ciudadanía empobrecida en Colombia.

Ante este panorama de ausencia de garantías es necesario agregar lo que podríamos denominar: La tríada antisocial: Águilas negras, falsos positivos judiciales y chuzadas e interceptaciones legales e ilegales, todas estas, como parte de un plan dirigido por quienes quisieran que no existiera movimiento social que se manifieste contra la guerra, las políticas neoliberales, la corrupción o exija respeto a las garantías para los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, la ampliación de la democracia y la consolidación de la paz.

No pareciera entonces casual, el actuar impune de un cuerpo criminal como es el autodenominado Águilas Negras, que lleva varios años amenazando y declarando objetivo militar a líderes y lideresas sociales, políticos democráticos y de izquierda, periodistas, críticos de los gobiernos, defensores de los Derechos Humanos,  reclamantes de tierras, etc., en el listados que suman centenares de activistas y que al mismo tiempo no se conozcan, combates, ni capturas, ni se logre identificar sus principales cabecillas, mientras el alto gobierno siga insistiendo que las águilas negras no existen. (Y ya todos sabemos que cuando el gobierno y las autoridades niegan la existencia de un fenómeno es porque ahí está presente y tiene una finalidad y propósito determinado, para que siga existiendo).

Pero no se trata solo de esta práctica, a ello se suman los falsos positivos judiciales, estrategia impulsada por un aparato judicial fuertemente politizado, especialmente a través de la Fiscalía General de la Nación, con ella se ha empujado desde hace varios años una sistemática, coordinada y orientada acción “judicial” que tiene el propósito de llevar a largos procesos judiciales a líderes y comunidades, justamente en aquellos territorios o sectores donde hay recursos naturales en explotación o en vías de ser explotados, y a través de “montajes judiciales” se busca que líderes y comunidades, que se organizan para actuar y resistir frente a esa explotación, qué vulnera derechos y ponen en riesgo la conservación del medio ambiente, sean silenciados, atemorizados, o sacarlos temporal o permanentemente el escenario de la organización y la movilización política.

Desde hace muchos años la FGN, es un instrumento de la clase política corrupta y paramilitarizada, desde allí se abren procesos judiciales contra opositores políticos, líderes sociales que resultan incómodos o inconvenientes para los intereses del capital o de una clase política, con interés de controlar el poder local y o territorial. Y al mismo tiempo desde la Fiscalía, se cierran o archivan los procesos e investigaciones contra los miembros de esa clase política, que están fuertemente comprometidos con la corrupción, la violencia y el hegemonismo político.

A esta práctica se une a otra acción criminal desarrollada por el Estado, se trata de las chuzadas “legales” o ilegales, con las cuales desde el gobierno se ha espiado las conversaciones telefónicas, los correos electrónicos, han colocado micrófonos en oficinas y viviendas de quienes consideran sus opositores, entre quienes figuran periodistas, dirigentes políticos, Defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, funcionarios judiciales, entre otros, a quiénes se interceptan comunicaciones, para ser usadas en los montajes judiciales o para abrir procesos judiciales amañados a conveniencia de quienes desde el estado tienen determinados intereses de excluir a estos actores políticos de la acción Pública.

Hace algunos años, durante el gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez, se convirtió el DAS en una oficina de espionaje, que recogía información de opositores del gobierno, para hacer montajes judiciales en su contra o cómo ocurrió también, para entregar o vender información a grupos paramilitares, información que luego, estos grupos la convertían en amenazas o acciones militares, contra estas personas buscando su exterminio.

Posteriormente, la misma estrategia se siguió usando a través de “empresas privadas “o fachadas,  que trabajan al servicio de cuerpos de seguridad del Estado, baste recordar el escándalo de la operación Andrómeda, con la cual se espiaba, desde una campaña presidencial, a quienes estaban comprometidos en el proceso de diálogo y negociación de la paz en la Habana, entre otras personalidades del mundo de la política.

Recientemente vuelve a conocerse otro escándalo de chuzadas, esta vez perpetrado por empresas “satélites” en las que curiosamente están comprometidos mandos militares y policiales como el general Guatibonza, que fuera comandante de la policía  de Bogotá, Y seguramente también otros funcionarios del Estado Colombiano, para recabar información que seguramente se utilizará para desprestigiar a opositores del gobierno Y seguramente se utilizará para hacer montajes judiciales o para desarrollar acciones criminales en contra de estos opositores políticos.

Seguramente el anuncio de las investigaciones “exhaustivas” sobre este asunto parará en nada y como en ocasiones anteriores, se dilataran en largos procesos judiciales, en los cuales justamente los operadores jurídicos, han mostrado poco interés por esclarecer este tipo de hechos y toda la criminalidad comedia tras ella, quedará en un manto de profunda impunidad.

Lo importante de este tema y que el movimiento popular y social no puede perder de perspectiva, es que no es posible considerar estas acciones y prácticas criminales como hechos aislados o como que ellos operaran independiente y desarticuladamente, uno del otro, tanto la existencia de grupos o bandas que se dedican a enviar panfletos amenazantes a organizaciones, como el montaje de falsos positivos judiciales y las acciones criminales de chuzadas y espionaje, hacen parte de una estrategia impulsada desde organismos del Estado colombiano para liquidar el accionar del movimiento popular, en tiempos en los que precisamente se anuncian importantes movilizaciones, ante el desarrollo de políticas económicas y sociales que pretenden desmontar definitivamente derechos conquistados por los trabajadores o como parte de los desarrollos jurídicos sociales que el país había alcanzado.

Es importante considerar que los gobiernos de derecha y particularmente el actual gobierno de Colombia, comprometido en el pasado con prácticas criminales, poco interés tiene en que exista un movimiento social que ejerza el derecho a la protesta, en ese sentido es necesario que el movimiento democrático en Colombia fortalezca los procesos organizativos, desarrolle acciones de permanente denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos y elevé su nivel de movilización en las calles, como una alternativa de visibilización a esta problemática y como un mecanismo de exigir ampliación de las democracia, para ejercer la participación política con plenas garantías para todos y para todas.

Foto: Semana


Bogotá, 22 de 0ctubre de 2018.