Salud
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La Ley Estatutaria de la Salud no resuelve el problema de la crisis estructural de la salud pública en Colombia. Es un sistema inhumano, privatizado para enriquecer más a los capitalistas.



El 17 de febrero de 2015, hace dos años, el presidente Juan Manuel Santos, firmó la Ley Estatutaria 1751, conocida como “Ley Estatutaria de Salud” (LES). Fue en desarrollo de la reglamentación de la salud como derecho fundamental, tal y como está consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991. Es decir: 24 años después de la plena vigencia de la Carta, un gobierno abocó la reglamentación de este derecho fundamental, pero valga la pena decir que sin tocar para nada el carácter neoliberal de la ley 100 de 1993 que privatizó la seguridad social y por ende a la salud pública.

Dos años duró el gobierno “reglamentando la ley reglamentaria”, al cabo de los cuales descubrió el agua tibia, que la salud es un derecho fundamental. Son los hechos insólitos que suceden en este Macondo locombiano. El típico realismo mágico que brotó de la pluma del gran Gabriel García Márquez, nuestro ilustre y admirado Gabo.

El 17 de febrero de 2017 entró en vigencia la LES y el “gran logro” para el Gobierno nacional fue la consagración de la salud como derecho fundamental, cuento chino porque en realidad está consagrado como tal en la Constitución Política de Colombia desde 1991, por cuanto está así reivindicado en el Título II sobre Derechos fundamentales y en los artículos 48 y 49 se estipulan el carácter obligatorio del Estado de asegurar y garantizar la atención en salud y seguridad social a todos los colombianos.

Más de lo mismo

Según explicaron los voceros gubernamentales, entre estos el ministro del ramo, Alejandro Gaviria, dos años después de promulgada la ley, quedaron eliminados los comités técnico-científicos de las EPS, que eran los encargados, por encima de la prescripción del médico tratante, de evaluar la autorización de todo aquello que no estuviera incluido en el Plan Obligatorio de Salud, el tristemente célebre No Pos. Por supuesto era una manera de restarle autonomía profesional a los galenos. Sus diagnósticos y tratamientos quedaban al arbitrio de un Comité Técnico-Científico que decidía en función de ahorrarle costos a la EPS y no de atender de la mejor manera al paciente.

En adelante, de conformidad con la LES, todo se hará a través de la aplicación en Internet de una línea del médico con la EPS y que se denomina Mi Prescripción (Mipres), que según el Ministerio de Salud, le restablece la autonomía al médico tratante, ordena proveer servicios de manera completa y asegura la prestación de servicios y tecnologías de manera integral. Según se dijo el Mipres agilizará los trámites porque las EPS tienen cinco días para responder y conceder las autorizaciones a las IPS y a los médicos tratantes.

Sin embargo, en la realidad “no es verdad tanta belleza” como dice el refrán popular. Las EPS siguen funcionando como antes y bajo el criterio del No POS que en la práctica no desapareció. La queja de los usuarios es que en las EPS les responden que las normas las establecen ellos y no el Ministerio, “así es que funciona el sistema”. Y los médicos ratifican lo que aseguran sus pacientes, porque se quejan de la demora y lo engorroso del trámite. Elaborar la sustentación de lo ordenado, cada prescripción por separado, se lleva hasta diez minutos por cada elaboración del formulario respectivo a través del Mipres y la respuesta es más demorada de los cinco días establecidos. La autonomía del médico tratante no se reconoce, porque en muchas ocasiones ha ocurrido que le cambian la orden al médico. Si son ocho ampolletas solo autorizan dos y si la medicina es de 500 gramos le autorizan la mitad, es decir 250 gramos. No hay respeto por la decisión del profesional.

La salud como mercancía

Todo lo contrario de lo anunciado en febrero pasado, cuando promulgaron la LES con bombos y platillos con la “gran noticia” que los colombianos recibirán lo que el médico recete, solo quedarán excluidas unas pocas que se  están fijando con claridad. Sin embargo, la opinión de los médicos es otra.  “Ni el POS ha desaparecido, ni están respetando lo que el médico receta”, siguen abusando de los pacientes como lo han hecho siempre dentro del espíritu del sistema privado de salud que prima, donde lo que importa es la economía y la utilidad del negocio y no la adecuada y mejor atención del enfermo. La salud convertida en mercancía de conformidad con las normas inhumanas del capital.

Las salas de las EPS donde se hacen los trámites No POS siguen funcionando igual y con el hacinamiento de pacientes que van en las más difíciles condiciones a hacer todo tipo de trámites. Largas y agotadoras esperas en que no les resuelven nada porque el supervisor no lo ha autorizado, todas las explicaciones las dan a través de las recepcionistas y ningún funcionario con capacidad de resolver los problemas da la cara. Este se comunica por internet con las recepcionistas y estas transmiten el mensaje al usuario. Y es la recepcionista, que por lo general actúa con diligencia la que recibe los insultos y los reclamos del desesperado enfermo que no encuentra solución a sus requerimientos.

A juicio de los médicos y de los usuarios, con la LES el problema no se resuelve de raíz. La ley 100 no puede seguir reformándose ni siendo sometida a maquillajes superficiales que eluden el fondo del asunto. El problema es estructural, es el sistema de salud que se le entregó a la empresa privada para que lo convirtiera en un lucrativo negocio. Son fuente de riqueza y de corrupción. La Superintendencia no interviene. Multa y hace llamados de atención que son un canto a la bandera porque las EPS siguen haciendo lo mismo. La mayoría está quebrada porque a los dineros del Fosyga y de los usuarios les dan otra destinación diferente a la del servicio médico y de salud. Los invierten en recreación y lucro de los socios o directivos sin la mínima consideración. La Superintendencia interviene cuando no hay nada que hacer. Alegan el respeto a la propiedad privada. Es el célebre y manido discurso en defensa de la libre empresa con derecho a abusar de su condición y privilegios.

Sistema inviable

La mayoría de las EPS están quebradas por los malos manejos administrativos de sus directivos. La Superintenencia interviene cuando llega el momento de la quiebra, nunca antes para evitarla. A Coomeva EPS, quebrada y llena de deudas, la acaba de sancionar con una multa de 321 millones de pesos por inconsistencias administrativas y malos manejos, le concede un plazo de cinco meses para saldar las deudas con las IPS y prestadoras del servicio a las que adeuda miles de millones de pesos y por consiguiente estas tienen las puertas cerradas para sus afiliados.

Aquí aparece una nueva modalidad del paseo de la muerte. Al enfermo le toca cada cierto tiempo cambiar de clínica u hospital y también de médico, porque se cierran las puertas hasta quedar inclusive sin opción  de atender la necesidad del usuario. Van de hospital en hospital, de médico en médico, perdiendo la continuidad y el hilo conductor del tratamiento.

No hay solución a la vista. Así opinan médicos, enfermeras, pacientes y todas las personas que tienen que ver con la cadena de la salud. El sistema colapsó de la mano de la política neoliberal y del capitalismo salvaje que se impuso en Colombia desde la década de los años ochenta del siglo pasado. Una oligarquía inmoral que sigue sosteniendo que el modelo económico es innegociable, porque la economía global del libre mercado neoliberal es la que le permite a los capitalistas y a las transnacionales hacer su agosto a costa del sacrificio y la miseria de la población.

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