En el pueblo de La Macarena región del Meta, a 200 kilómetros al sur de Bogotá, específicamente detrás de cementerio, esta ubicada la fosa común, la nota del diario recuerda que esta es una de las zonas más calientes del conflicto colombiano.

De acuerdo a fuentes citas por la versión electrónica del diario, los cientos de cadáveres habrían sido depositados desde 2005 por las fuerzas élites del Ejercito colombiano, con la orden que fueran inhumados sin nombre.

Este macabro descubrimiento es hasta el momento el mayor enterramiento de víctimas de un conflicto de que se tenga noticia en el continente, dejando atrás las muertes de las férreas dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay entre otras.

Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión, reseña la nota del diario.

Según declaró el jurista Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, quien se trasladó hasta la gran fosa común aseguró que, 'lo que vimos fue escalofriante, infinidad de cuerpos y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy'.

El jurista estuvo acompañado por una delegación de parlamentarios ingleses, añadió que, 'el comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro'.

Por su parte el gobierno de Uribe, a través de su Fiscalía anunció que las investigaciones se iniciaran “a partir de marzo”, pues para el gobierno neogranadino se ponderan las elecciones legislativas y presidenciales sobre las acciones consecuentes que señalarían a los responsables de la mayor masacre nunca antes registrada en la historia de Latinoamérica.

Motivado a la magnitud del terrorífico hallazgo y con miras a redactar un informe para el Congreso español y la Eurocámara, una delegación parlamentaria española integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví) llegó ayer a Colombia.

Hasta finales del pasado año, los forenses habían censado unos 2.500 cadáveres, de los que habían logrado identificar a cerca de 600 y entregar los cuerpos a sus familiares.

Gracias a las declaraciones de mandos medios presuntamente desmovilizados del paramilitarismo y acogidos a la controvertida Ley de Justicia y Paz que les garantiza una pena simbólica a cambio de la confesión de sus crímenes, se supo la locación de estos cementerios clandestinos.

John Jairo Rentería, alias Betún ex jefe paramilitar declaró ante el fiscal y los familiares de las víctimas que 'al menos a 800 personas' que él recuerde fueron enterrados en la finca Villa Sandra, en Puerto Asís, región del Putumayo.

'Había que desmembrar a la gente. Todos en las Autodefensas tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva'.

Para Alfredo Molando influyente sociólogo y escritor colombiano, quien por su carrera de investigación y verbo oportuno se encuentra en el exilio para escapar de las amenazas de los grupos paramilitares, ha asegurado que 'el Gobierno no quiere investigar'.

Asegura el sociólogo que “la propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 “desaparecidos”, que en algún sitio tienen que estar. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos como en los hornos crematorios del nazismo”.

Al ser interrogado sobre la relación entre las fosas comunes y los falsos positivos, Molano respondió, “sí, todo esto puede estar relacionado con los “falsos positivos” (colombianos civiles asesinados a la que se presentaba como “muertos en combate”). El ejército los enterraba clandestinamente. Buena parte de ellos van a encontrarse en estas fosas comunes”.

Molano sentencia que “ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el Gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes”.