El concejal del Polo Democrático Alternativo se manifestó solidario con las demandas de los pequeños y medianos transportadores al enviar esta tarde una carta al gerente de Transmilenio, Fernando Páez, donde se hace vocero de las preocupaciones de los transportistas y solicita, entre otros aspectos, la suspensión del proceso licitatorio por considerarlo sesgado a favor de los intereses de los grandes capitalistas del sector y dejar por puertas a más de 16.000 familias que dependen en forma directa de sus vehículos de transporte colectivo. Se expresó su desacuerdo en lo referente a la licencia de las zonas por el término de 25 años, período que considera exagerado y que sólo busca ganancias extraordinarias para los concesionarios.

De acuerdo con las distintas asociaciones de pequeños transportadores, argumentos que respalda el concejal Caicedo, los pliegos están hechos para que los monopolios del sistema masivo, las grandes empresas y los inversionistas se queden con este jugoso negocio. “Son pliegos excluyentes, que centralizan aun más la propiedad, significan la muerte y expropiación de los pequeños. Por demás, afecta en forma indirecta a repuesteros, vendedores de llantas, conductores, lavaderos de carros, monta llantas y otros actores importantes en el circuito del transporte público”, dijo Caicedo.

“Nada más hay que mirar, continuó Caicedo, el asunto de la rentabilidad que se les ofrece, la cual resulta ridícula: 0,8% mensual, lo que significa menos de un millón de pesos, monto muy inferior a lo que perciben actualmente. Esta propuesta pareciera estar hecha para que los pequeños transportadores digan que no aceptan y que venden sus vehículos. Y allí viene el otro problema: se los comprarían a precio de huevo: un bus modelo 2010, que fue adquirido por $250 millones, sería comprado por $130 millones. Eso es totalmente desequilibrado e injusto. Como quien dice: lo ancho para ellos, lo angosto para los pequeños propietarios”, señaló el cabildante.

“Por lo demás, los pliegos hacen exigencias incumplibles en términos de capital, patrimonio suscrito y certificaciones de crédito muy elevadas, que ninguno de los pequeños propietarios está en condiciones de acreditar. ¿Será esta la visión de democracia en el nuevo sistema y la forma de cumplir los mandatos legales que tiene el señor secretario de la Movilidad?”, increpó Caicedo.

Por ello respaldó las propuestas de los afectados por la licitación, en el sentido de aumentar la rentabilidad mensual a un valor no inferior al 3%, cifra bastante modesta. “Si los propietarios deciden vender sus vehículos, el sistema tiene que ofrecerles valores justos; no se trata de un favor, si no de reconocer la inversión realizada y lo que representa para estas familias. Igualmente, debe incrementarse hasta el 60% como mínimo la participación de los pequeños propietarios en el sistema, de manera que se recoja una buena parte de los actuales transportadores y no se genere una crisis social de grandes proporciones. En fin, hay muchas cosas por cambiar en el proceso de licitación. La administración tiene que honrar su palabra”, señaló el cabildante.