Los asistentes a este evento colmaron el auditorio del Centro Cultural Lucy Tejada en la Ciudad de Pereira (Risaralda), pese a la actitud arbitraria y desmedida de la Asamblea Departamental, quienes en horas de la tarde del día 3 de febrero de manera abrupta revocan el permiso de préstamo de sus instalaciones, el cual se había solicitado con suficiente anticipación; dicha acción fue interpretada como un acto de saboteo, de falta de garantías para la Audiencia y de irrespeto a las víctimas, pues se quiso acallar su voz de denuncia.

La mesa directiva de la AUDIENCIA PUBLICA POR LA VERDAD estuvo presidida por la Senadora Gloria Inés Ramírez, Presidenta de la Comisión de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, el Padre Gustavo Valencia Presidente del Consejo Territorial de Paz, el Doctor Jorge Calero Chacón Director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo  y de los Defensores de Derechos Humanos Guillermo Castaño en representación de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos del Eje Cafetero y Carlos Arturo García del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado.

La instalación de la AUDIENCIA PUBLICA POR LA VERDAD estuvo a cargo de la Senadora Gloria Inés Ramírez quien manifestó “La decisión de realizar esta audiencia surge como iniciativa de múltiples procesos locales y nacionales comprometidos con la defensa y promoción de los DDHH civiles y políticos y los DESC, en una región de otrora pujanza.  Estamos frente a sectores vulnerables como las mujeres, los niños, los indígenas, las comunidades étnicas.  Hoy las víctimas son las protagonistas”.

Los asistentes a la AUDIENCIA PUBLICA conocieron de manera directa la difícil y compleja situación de violación de derechos Humanos en el Eje Cafetero a través del Informe de Contexto presentado por la Doctora Adriana González a nombre de la Mesa Regional y del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – C.P.D.H, Capitulo Risaralda, de igual manera escucharon de viva voz los 18 testimonios y se diligenciaron 48 formatos  de denuncia de las victimas quienes manifestaron de manera constante el aumento de los mal llamados “Falsos Positivos” y que catalogan como ejecuciones extrajudiciales y crímenes de estado, las detenciones masivas y arbitrarias, los montajes judiciales contra dirigentes sindicales e indígenas, la estigmatización y el señalamiento al movimiento estudiantil, el  incremento del desplazamiento forzado, los asesinatos perpetrados por los grupos paramilitares, las amenazas y hostigamientos a dirigentes sociales, populares y defensores de Derechos Humanos y la acción brutal de la fuerza pública contra la movilización y la protesta social.

Como parte de las conclusiones de la AUDIENCIA PUBLICA POR LA VERDAD, se resaltan la inmensa preocupación frente al alto riesgo ratificado no solo por el Director del Sistema de Alertas Tempranas, sino también por los Defensores del Pueblo de los Departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas quienes expresan el nivel de riesgo en el cual se encuentran las organizaciones sociales y los defensores de Derechos Humanos, al igual que el deterioro de la situación social de la Región .
 
Preocupa  de igual manera el incremento de amenazas colectivas e individuales en esta región, haciéndose un llamado a los Representantes de la Fuerza Pública para que a través de sus unidades investigativas como la SIJIN y el CTI se avance con las correspondientes diligencias con el fin de que no se venzan los términos. En ese mismo orden de ideas se plantea romper  la displicencia y el escepticismo de algunas autoridades departamentales y regionales frente a las amenazas contra sectores  como los docentes y demás organizaciones de la región.

Preocupa también las redes de microtráfico, denunciadas por los Defensores del Pueblo de los tres departamentos, quienes advierten la necesidad de ampliar la denuncia frente a esta problemática. Como compromiso, se llevan las solicitudes que se han hecho frente a las facultades asumidas por el INCODER en lo relacionado con la discusión y titulación de títulos y las correspondientes competencias, aspectos que se transmitirán directamente a las directivas del Senado y a las comisiones en conjunto para que miren detenidamente como coadyuvar a buscar una solución al problema de tierras de las comunidades indígenas, de los campesinos y los desplazados; al mismo tiempo se plantea la preocupación con respecto al desmantelamiento de los esquemas de seguridad de los dirigentes sindicales y sociales, los traslados inconsultos de maestros  a otras regiones sin previa valoración y estudio y el excesivo centralismo administrativo que retrasa y demora las solicitudes y requerimientos de la población en condición de desplazamiento.