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Bolívar
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EL martes 26 de mayo el líder social y minero Edwin Emiro Acosta Ochoa fue asesinado por paramilitares al interior de su casa, en el corregimiento de Mina Seca del municipio Tiquisio, departamento de Bolívar. Así lo denunció La Comisión de Interlocución del Sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar –CISBCSC–.



Edwin Acosta era integrante de la CISBCSC, miembro de la Asociación Agrominera de Tiquisio que actualmente posee el título minero de Mina Seca, y accionista de la Sociedad de Economía Mixta Ambiental Agropecuaria y Minera –SEMAAM– S.A.S.

La CISBCSC, que se ha organizado en torno al derecho a la vida digna y la permanencia en el territorio, también denuncia una alta militarización de esta región, situación que ha agudizado aún más la violencia. “Preocupa a las comunidades que a pesar de la militarización que hay en la región, suceden este tipo de hechos lamentables”, exponen en la denuncia.

Asimismo, demandan a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales, un acompañamiento a la comunidad. Sin embargo, en redes sociales se ha manifestado una gran preocupación debido a la ineficiente o nula respuesta por parte del Estado y de organismos nacionales e internacionales, frente a la escalada de violencia contra las organizaciones sociales en este territorio.

Desde el año pasado la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, El Proceso Ciudadano por la Vida de Micoahumado, la Corporación Sembrar y El Capítulo de Víctimas de Crímenes de Estado del Sur de Bolívar, Sur del Cesar y Catatumbo, han denunciado hostigamientos por parte de las fuerzas militares que, con el fin de adquirir información sobre la ubicación del Ejército de Liberación Nacional –ELN–, ha señalado y hostigado a la comunidad campesina, arriesgando la integridad física de la misma.

En ese sentido, las organizaciones sociales de esta región le exigen a la Defensoría del Pueblo regional Magdalena Medio, y a la oficina de la Organización de las Naciones Unidas –ONU– en Barrancabermeja, hacer el seguimiento y la verificación de las diferentes denuncias que se han emitido recientemente.

Con este caso, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz– ya van 111 líderes y lideresas sociales asesinadas en menos de seis meses en el país. Esta situación es preocupante, no solo por la cifra alarmante, sino también por la negligencia estatal y la criminalización hacia las comunidades campesinas y sus Planes de Vida.

Colombia Informa