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Bolívar
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Cartagena es una de las ciudades del país que presenta mayor número de contagios y muertes a causa del COVID 19. En la ciudad hay 4.865 personas que han adquirido el virus y 228 fallecidas (1).



Considerando las enfermedades, no solo como eventos biológicos, sino como hechos políticos que afectan de maneras diferenciales los cuerpos y dan lugar a formas de administración de la vida y la muerte, cruzando categorías de género, raza, clase social, sexualidad, edad, entre otras, en este artículo me centro en las violencias contra las mujeres racializadas que habitan sectores populares de la ciudad en el contexto de esta pandemia.

En este artículo sostengo que las mujeres afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales están siendo particularmente violentadas en medio de la crisis generada por el COVID 19. Sin embargo, esto hace parte de un continuum de violencia patriarcal, clasista y racista, de carácter colonial, que históricamente se ha ejercido contra nuestros cuerpos.

Mis argumentos para esta afirmación emergen de tres lugares. En principio, mi posición como mujer negra, feminista, popular y antirracista que habita la ciudad de Cartagena. En segundo, mi ejercicio como activista que hace parte de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, una plataforma política que convoca a organizaciones que tienen en su agenda los derechos de las mujeres y un compromiso con el derrumbe del sistema patriarcal.

Durante la cuarentena, esta Mesa habilitó una línea de orientación a mujeres víctimas de violencias y desde este ejercicio surgen varios de los eventos y reflexiones que aquí planteo. Por último, hablo desde mi actividad académica y política como integrante del equipo de Interculturalidad del CINEP/PPP, desde el cual trabajó con un círculo de mujeres de sectores populares de la ciudad.

Violencias económicas. Feminización y racialización de la pobreza.

En medio de esta coyuntura, mucho se ha disertado sobre el privilegio de clase que supone quedarse en casa, como medida preventiva para evitar el contagio de COVID 19. No obstante, este privilegio no solo es de clase, también es de género y raza, sobre todo en una ciudad como Cartagena.

Quedarse en casa supone contar con mínimos vitales garantizados en materia de seguridad alimentaria, vivienda, oferta continua de servicios públicos, salud, educación, oferta recreativa, tiempo de autocuidado y posibilidades de seguridad (sin riesgo a la integridad física y emocional) en el interior de nuestras viviendas. Y estas garantías no las tienen las mujeres populares afrodescendientes, negras, palenqueras y raizales, que habitan sectores empobrecidos de la ciudad de Cartagena.

En Cartagena, mantener la medida preventiva de la cuarentena está siendo muy problemático, por el empobrecimiento que enfrenta una ciudad donde la mayoría de sus habitantes sostiene su vida material a través del trabajo informal.

Para 2019, de las 423 mil personas ocupadas que registraba el DANE, el 53.3%, es decir, más de la mitad, se dedicaban a actividades informales (2).

Ahora bien, son las mujeres quienes presentan mayores tasas de informalidad. El estudio realizado por el Observatorio del Mercado Laboral en 2017 sobre mujeres en el mercado de trabajo, revela que las mujeres presentan tasas de informalidad y desempleo, superior a la de los hombres (3).

El director de este Observatorio, el economista Dewin Pérez, en 2018 anotaba además, las escandalosas brechas salariales entre hombres y mujeres en Cartagena, que alcanzan hasta un 35%.  En sus palabras, estas brechas se amplían “si la mujer es joven, de escasos recursos y afro” (4).

Por esta razón, es importante considerar el carácter racial de la feminización de la pobreza. Las mujeres racializadas, como plantea Ochy Curiel, están ubicadas en esferas laborales que reciben las peores remuneraciones: trabajo doméstico, maquilas, trabajos informales diversos, trabajo sexual.

De manera particular, el espacio público (ese que hoy representa una amenaza de contagio y está bajo el control policial) ha sido un lugar utilizado por los sectores populares para la producción de ingresos.

Las mujeres negras han tenido un vínculo económico histórico con las calles, esquinas, parques, playas y plazas, a través de ventas informales de alimentos y otro tipo de productos.

Especialmente, las mujeres palenqueras han estado muy vinculadas de manera informal a la economía del turismo de múltiples formas (venta de dulces y frutas, masajes, elaboración de trenzas). Además, un número importante de mujeres negras, palenqueras y raizales son comerciantes y vendedoras en el Mercado de Bazurto, cuyo cierre fue decretado el 15 de mayo. Bazurto es, sin duda, un territorio negro. De manera que, la medida del aislamiento social preventivo ha impactado duramente la economía familiar de estas mujeres.

Por otra parte, algunas trabajadoras domésticas, han sido despedidas. Muchas de ellas han relatado que este despido no se ha producido únicamente por el aislamiento social preventivo, sino por una lectura de sus cuerpos negros como potencialmente infecciosos; de manera que, la higienización de los hogares ha supuesto prescindir de las trabajadoras domésticas que, además de habitar cuerpos negros, habitan sectores populares, leídos desde la contaminación.

En estas circunstancias, las mujeres (sobre todo aquellas que asumen la jefatura de sus hogares) enfrentan la inseguridad alimentaria, la suspensión de servicios públicos, y violencias por parte de sus arrendadores que amenazan con expulsarlas de las viviendas o les proponen intercambios sexuales en compensación. En medio de esta crisis, muchas pasan a depender del ingreso absoluto de sus parejas, lo que a menudo favorece el ejercicio de violencia por parte de los proveedores masculinos, que usan esa jerarquía económica.

Dificultades en el acceso oportuno a la justicia.

Como anoté, muchas mujeres se encuentran confinadas con sus agresores, bajo la intensificación de la violencia y el aumento del riesgo de feminicidios. Siempre ha sido una estrategia de los agresores aislar a la víctima y romper todas sus redes para que no pueda activar rutas de denuncia, atención y protección. Esta situación se ve favorecida por la medida de confinamiento y las dificultades de acceso oportuno a la justicia.

En Bolívar, el número de llamadas de mujeres víctimas de violencias a la línea 155, entre el 15 de marzo y el 11 de abril, fue de 75 mientras en este mismo periodo para el año 2019 fue de solo 15 (5).

La Línea de Orientación habilitada por la Mesa del Movimiento Social de Mujeres (una experiencia inédita para nosotras) recibió entre abril y mayo de este año 30 llamadas, buscando orientación para denunciar violencias físicas, sexuales, psicológicas y económicas.

En Cartagena, ante la coyuntura del Covid-19 la Oficina de Asuntos para la Mujer (y en Bolívar, la Secretaría de la Mujer para la Equidad de Género y Gestión Social), así como las respectivas comisarías de familia, habilitaron líneas telefónicas y canales virtuales para la denuncia. La Oficina de Asuntos para la Mujer reportó haber atendido 25 casos, entre el 22 de marzo y el 4 de abril (6).

Sin embargo, es importante señalar que al no funcionar lo suficiente los medios telefónicos (como está ocurriendo con las comisarías permanentes), se está reforzando la virtualización. Esta es claramente una barrera, puesto que muchas mujeres de sectores populares no disponen de internet ni de dispositivos necesarios para entablar las denuncias por esos medios; muchas de ellas, incluso se han enfrentado a que sus agresores les rompan los teléfonos y gestionan aparatos precarios para poder comunicarse; otras ni siquiera logran hacerlo.

La virtualización es problemática, además, porque cuando se requieren medidas de protección que implican, por ejemplo, que el agresor no pueda acercarse a la mujer violentada, este documento se le hace llegar directamente a la denunciante por medios virtuales como correos electrónicos o WhatsApp. De esta manera, se le atribuye a la mujer la responsabilidad de entregarle a su agresor la respectiva medida de protección, exponiéndola a nuevos actos de violencia.

En medio de estas negligencias y barreras institucionales, un asunto que preocupa de manera particular, es el largo tiempo que demoró la apertura en el año 2020 del Hogar de Acogida para mujeres víctimas de violencia, como medida de protección que está a cargo de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social.

Éste apenas abrió la tercera semana de mayo. El objetivo de este Hogar es no poner en riesgo la vida de las mujeres empobrecidas que son víctimas de violencias al interior de sus hogares, y cuyos agresores no son retirados de las viviendas. Son justamente estas mujeres las que no tienen posibilidades económicas para salir de sus casas y costearse otro lugar donde vivir, incluso sus redes familiares y sociales viven bajo hacinamiento, y esto dificulta su acogida y la de sus hijos e hijas; aunque estas redes han sido su resorte siempre, también están enfrentando la crisis del COVID 19.

Esta omisión es claramente clasista y sugiere unas jerarquías de las vidas que importan. La mayoría de mujeres que han llamado a la línea solicitando esta medida de protección residen en barrios periféricos y empobrecidos; algunas de ellas son migrantes en situación irregular, y todas tienen en común el no contar con la autonomía económica suficiente para asumir por cuenta propia acciones materiales que protejan sus vidas.

Feminización del cuidado.

La medida de confinamiento ha supuesto recargas de tareas de cuidado en las mujeres, puesto que no hemos avanzando en la redistribución de las mismas. En este sentido, varias actividades que eran asumidas por otras instituciones (educativas, de salud, iglesias) pasan a ser responsabilidad de las familias, y ejercidas en el espacio físico de la vivienda.

Así, las mujeres han tenido que asumir el cuidado de personas enfermas o dependientes, la educación de hijos e hijas, el abastecimiento de alimentos y, además, el trabajo remunerado desde casa, quienes tienen esa posibilidad.

Ahora, es importante considerar que el cuidado en tiempos de COVID ha supuesto una serie de tareas adicionales para las mujeres empobrecidas de sectores populares, en procura de garantizar el bienestar de sus familias. Una de ellas ha sido la gestión y recepción de ayudas humanitarias, tareas que se encuentran altamente feminizadas. Además, están a cargo de racionar el consumo, a fin de hacer rendir tanto los escasos ingresos, como estas ayudas humanitarias.

Por otro lado, al tener que asumir la educación en tiempos de COVID, las mujeres populares enfrentan otras dificultades. La virtualización de la educación les ha supuesto enfrentarse a sus propias barreras tecnológicas (7), no solo en el acceso a dispositivos sino en sus habilidades para atender los requerimientos que esta educación exige, sin previa formación. Ante estas circunstancias, deben agenciar sus propios aprendizajes.

Todo esto va repercutir en la salud de las mujeres, quienes luchan por no enfermarse (sobre todo en tiempos de COVID) y sin tiempos suficientes para gestionar su autocuidado.

A manera de conclusión.

Es preciso reafirmar que las omisiones y negligencias institucionales que enfrentan las mujeres racializadas de sectores populares en medio de la crisis generada por esta pandemia, son formas de exponerlas a la muerte, de enfermar sus cuerpos, de desgastarlos física y emocionalmente, llevándolos al límite de lo soportable.

En medio de esta crisis tan aguda, en donde las redes sociales y familiares que han soportado a las mujeres populares también están procurando resolver sus mínimos vitales, éstas quedan expuestas a su restringida capacidad de acción y a la respuesta institucional que opera con lentitud. Para las mujeres afropopulares empobrecidas y víctimas de violencia, hoy es una acción de riesgo tanto salir, como quedarse en casa; ambas parecen constituir opciones de muerte, pues no dan lugar a una vida digna.

Las organizaciones sociales feministas y/o las que tienen en su agenda política los Derechos Humanos de las mujeres, estamos llamadas a visibilizar estas situaciones, a activar rutas de atención y a hacer ejercicios de control social que presionen a las instituciones a tomar medidas que protejan las vidas de las mujeres en los territorios.

Así mismo, es preciso trabajar en el fortalecimiento de redes comunitarias y vecinales, que permitan alertar sobre situaciones de violencias contra las mujeres y riesgos de feminicidios. Mantener las redes para la protección y la acción política, será fundamental en estos tiempos de confinamiento, que amenazan con fracturar la colectividad y replegarnos a espacios más privados.

Referencias
(1) Batista, Lía (29 de abril de 2020). 25 mujeres en Cartagena han denunciado violencia intrafamiliar en cuarentena. El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.co/cartagena/25-mujeres-en-cartagena-han-denunciado-violencia-intrafamiliar-en-cuarentena-GX2752923.

(2) Curiel, Ochy (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Revista Nómadas, 26, 92-101.

(3) Departamento Administrativo Distrital de Salud (2020). Boletín epidemiológico COVID19. Reporte 15 de junio de 2020. Recuperado de https://www.dadiscartagena.gov.co/images/stories/otras/boletin_epidemiologico_covid19/infografia_covid19_15062020.pdf.

(4) Pérez, Dewin (2017). Las mujeres en el mercado de trabajo de Cartagena ¿Cuáles son las barreras y qué podemos hacer? Recuperado de https://www.fenalcobolivar.com/sites/default/files/las_mujeres_en_el_mercado_de_trabajo_de_la_ciudad_de_cartagena_cuales_son_las_barreras_y_que_podemos_hacer.pdf.

(5) Pérez, Dewin (8 de marzo de 2018). En Cartagena trabaja menos de la mitad de las mujeres. El Universal. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/en-cartagena-trabaja-menos-de-la-mitad-de-las-mujeres-273636-KCEU388406.

(6) Sisma Mujer (2020). Comportamiento de la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia del COVID 19 en Colombia. Boletín No. 20. Recuperado de https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2019/07/Boleti%CC%81n-Sisma-Mujer-COVID-19-y-DH-de-las-mujeres-en-Colombia.pdf.

(7) Batista, Lía (29 de abril de 2020). 25 mujeres en Cartagena han denunciado violencia intrafamiliar en cuarentena. El Universal. Recuperado de https://www.eluniversal.com.co/cartagena/25-mujeres-en-cartagena-han-denunciado-violencia-intrafamiliar-en-cuarentena-GX2752923.

Curiel, Ochy (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Revista Nómadas, 26, 92-101.

Departamento Administrativo Distrital de Salud (2020). Boletín epidemiológico COVID19. Reporte 15 de junio de 2020. Recuperado de https://www.dadiscartagena.gov.co/images/stories/otras/boletin_epidemiologico_covid19/infografia_covid19_15062020.pdf.

Pérez, Dewin (2017). Las mujeres en el mercado de trabajo de Cartagena ¿Cuáles son las barreras y qué podemos hacer? Recuperado de https://www.fenalcobolivar.com/sites/default/files/las_mujeres_en_el_mercado_de_trabajo_de_la_ciudad_de_cartagena_cuales_son_las_barreras_y_que_podemos_hacer.pdf.

Pérez, Dewin (8 de marzo de 2018). En Cartagena trabaja menos de la mitad de las mujeres. El Universal. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/en-cartagena-trabaja-menos-de-la-mitad-de-las-mujeres-273636-KCEU388406.

Sisma Mujer (2020). Comportamiento de la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia del COVID 19 en Colombia. Boletín No. 20. Recuperado de https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2019/07/Boleti%CC%81n-Sisma-Mujer-COVID-19-y-DH-de-las-mujeres-en-Colombia.pdf.

Tomado de revistaciendiascinep.com

Edición 98/99 ene-jun 2020