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DDHH
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El Frente Amplio de Uruguay, luego de un profundo análisis de la situación generada por el incumplimiento del gobierno colombiano de los Acuerdos de Paz alcanzados en La Habana y firmados en Noviembre de 2016 entre el Estado Colombiano y las FARC-EP, y teniendo en cuenta los informes emitidos por los diferentes actores involucrados en el seguimiento de la aplicación y cumplimiento de los mismos, los que fueron asumidos al momento de la firma como Política de Estado, declara:



Nuestra fuerza política ha aportado, durante las últimas décadas un importante número de iniciativas, que en conjunto con otras fuerzas políticas y sociales del continente, han contribuido a lograr la finalización del conflicto, y a la construcción de una paz estable y duradera, que alcanzara a TODOS los actores involucrados en este enfrentamiento, que ha desangrado a la hermana nación durante más de seis décadas.

De los informes antes mencionados, y del contenido de los propios Acuerdos de Paz alcanzados, han surgido elementos que nos preocupan.

En tal sentido, ponemos énfasis en aquellos que directamente están vinculados a la vida y a las condiciones en la que ésta se desarrolla, afectando a las grandes mayorías del Pueblo colombiano.

Estos aspectos, además han sido históricamente las causas endémicas que han provocado el conflicto armado, y que se resumen en los puntos del acuerdo: el cese del fuego y hostilidades, bilateral y definitivo, acuerdo sobre solución sobre las Víctimas del Conflicto, solución al problema de las drogas Ilícitas, acuerdo sobre política de desarrollo agrario integral, acuerdo de participación política, apertura democrática para construir la Paz, y por último, la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.

Todos los puntos mencionados anteriormente tienen la misma importancia. No obstante, en estos tiempos que transcurren, y luego de analizar el informe de Naciones Unidas sobre la implementación y seguimiento del mismo, surge como prioritario el referente a las “Garantías de Seguridad y Lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres, o que atentan contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DDHH), Movimientos Sociales, Sindicales y Políticos, incluyendo a las organizaciones criminales que son sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales, que amenacen la implementación de los acuerdos, y la construcción de la Paz”, que ya han cobrado más de 1.000 víctimas pertenecientes a estos sectores sociales.

A la fecha según cifras de la Misión de verificación se registran 200 asesinatos de excombatientes y 13 desapariciones de ex miembros de las Farc-EP desde la implementación de los acuerdos.

En cuanto a defensores y defensoras de DDHH, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH verificó 108 homicidios en 2019 y registró 56 denuncias más a finales de marzo de 2020.

El Gobierno permanece en silencio ante este atentado contra la paz, no se perciben iniciativas para detener el desangre y la pandemia le ha servido para camuflar su pasividad. La fuerza pública no reacciona, la Fiscalía General no avanza lo suficiente y los instrumentos proveídos por el Acuerdo de Paz no se efectivizan.

Sumamos a lo anterior, nuestra gran preocupación por las condiciones en las que se encuentran los presos políticos que permanecen en las cárceles de alta seguridad colombianas, y que para un gran número de ellos, aún no ha sido probada su participación en acciones violentas, o su participación en las fuerzas guerrilleras. No obstante han sido privados de su libertad, acusados de pertenecer a ellas.

Nos preocupan sus condiciones de reclusión y el impacto que esto tiene en el deterioro de la salud de los Presos Políticos, hecho que también ha sido incorporado en los informes de los organismos internacionales defensores de los DDHH.

Asimismo, la presencia de militares de EEUU en territorio colombiano, conspira contra el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y amenaza la estabilidad regional. En tal sentido, reafirmamos lo acuerdos alcanzados en la CELAC, respecto al compromiso permanente con la solución pacífica de controversias a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza de la fuerza en la región, con especial énfasis en los principios de soberanía y libre determinación de los Pueblos.

Por todo lo expuesto, exigimos al Gobierno de Colombia, y reclamamos a los organismos Garantes de los acuerdos de paz, en función de lo expresado por el Informe de la Comisión de Naciones Unidas de Verificación de la Aplicación de los Acuerdos de La Habana de 2016, la inmediata ratificación de los mismos, su implementación in-totum, y la liberación de los presos políticos del conflicto, en el marco de lo establecido en dichos acuerdos; así como la protección de todos y todas los activistas sociales, defensores de DDHH, líderes sindicales, sociales, campesinos, políticos, amenazados de muerte y el cese inmediato de los ajusticiamientos sumarios de estos líderes y lideresas.

Aprobada por consenso

Montevideo, 19 de junio de 2020