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Nacional
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Algo importante se sumó a las ya conocidas grabaciones del narco Ñeñe Hernández, quien con madrazos confirmaba la compra de votos para Duque. Hace 10 días apareció un nuevo audio donde textualmente la presidenta del partido uribista, Nubia Stella Martínez,  habla de los “300,000 dólares que  dio el venezolano”.



Este nuevo “inversionista” en la alta política nacional, resultó ser Oswaldo Cisneros, dueño de Digitel y accionista de Pepsicola en Venezuela, pero, por sobre todo, buscador de contratos petroleros en Colombia.  Ahora bien,  el problema no es el origen sectorial del billete (no estamos ante la proscrita cocaína, sino ante el adorado petróleo),  sino la nacionalidad del donante.

Las bodegas intentan desviar el hecho, especulan si el multimillonario Cisneros de origen cubano-venezolano y capitalista en Canadá, es amigo o no de Maduro. Algo intrascendente, porque el punto nodal del asunto es que la constitución política y la ley 1475 del 2011 son explícitas en prohibir la financiación externa de cualquier tipo de campaña en Colombia, con sanciones que van desde la pérdida de investidura para quien resulte electo con tal patrocinio internacional, hasta la pérdida de la personería jurídica para las fuerzas políticas que lo avalen.

Hoy se puede probar que un combo de narcobilletes y petrodólares financió el fraude que puso al inepto Duque en la presidencia. ¿Es esto algo nuevo?, realmente nada nos indica que esta combinación de las rentas de los dos principales productos de la economía extractiva colombiana no hayan sido los patrocinadores conjuntos de las campañas (como mínimo) desde 1980. La diferencia es que solo en el 2018, ante las posibilidades reales de Petro, el consorcio de cocaína y petróleo tuvo que emplearse a fondo para (con fraude) robar el resultado de las elecciones presidenciales.

Tampoco es cierto que fuera la cocaína quien trajera el cohecho electoral a Colombia. Como dijo el propio Petro (en la entrevista que le hizo Levy Rincón): las rentas del narcotráfico vinieron a jugar un rol multiplicador en la vieja práctica de compra de votos, y así por este medio y ante tamaña debilidad, la mafia llegó a controlar una importante tajada de la política en Colombia.

Tampoco es previsible que este sea el primer financiamiento externo, o incluso venezolano, a quienes detentan el poder en Colombia. Tenemos todo el derecho a sospechar de eventuales patrocinios de Luis Giusti y su Pacific Rubiales y de Calderón Berti y su Vetra Energy a las campañas del uribato, dado que desde el 2002, estos señores recalaron en nuestro país luego de salir derrotados por Chávez en la huelga petrolera. La diferencia es que hoy los financiamientos narcos y foráneos tienen prueba jurídica con grabaciones legales.

Dicen que las casualidades no existen, pero solo esta semana me llegó y pude leer el texto “Cocaína: ¿Estabilizador Macroeconómico Colombiano 2015-2018?” de Andrés Felipe Arias, publicado en octubre pasado por la Universidad Sergio Arboleda (el “alma matter” del suplantador Duque y su fiscal de bolsillo Barbosa).

Vale la pena leer como el propio alias Uribito nos confirma que en la economía también aplica algo que acabamos de ver para la política: los vasos comunicantes entre cocaína y petróleo.

A Uribito le vale el mérito de haber recabado datos de precios, costos y rutas de la cocaína colombiana, entrevistando a sus colegas de prisión en el Federal Detention Center de Miami. Con este “trabajo de campo” calculó un precio mayorista en mercado terminal de la cocaína colombiana y desde este precio estima en 13,200 dólares por kilo lo que queda en el país.

Luego multiplica este precio por la producción nacional del ilícito y lo compara con los demás recursos de las cuentas nacionales, de donde concluye que la cocaína (ante la caída en 2014 del precio del petróleo) llegó a remplazar a este último como el estabilizador macroeconómico.

Pronto Uribito abandona la rigurosidad académica al limitar sus conclusiones al periodo posterior a 2010 y focalizarse entre 2015 y 2018 buscando inducir que el rol de estabilización macroeconómica de la cocaína no existió ni antes ni después del gobierno Santos (aunque los datos con que construye su precio, comiencen en 2005).

Acto seguido, el autor se pregunta si la bonanza de la cocaína “fue algo fortuito o deliberadamente inducido por parte de los hacedores de política económica”, esto es cierto, pero por razones inversas a las esbozadas al final del artículo.

El hacedor del Agro Ingreso Seguro, devenido investigador, cita fuera de contexto a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para soportar la falacia de la Paz como factor incremental del cultivo de coca y de ahí concluir que el rol estabilizador macroeconómico de la cocaína si fue inducido por el gobierno Santos.

Si bien coincido en que la herramienta fue inducida, considero que la causa es exactamente la contraria; que el incumplimiento y deformación de lo acordado en La Habana (iniciado por Santos, y continuado por Duque) fue lo que garantizó la continuidad de la función macroeconómica del narcotráfico.

Son claros los palos en la rueda al punto 4 del Acuerdo de Paz, menciono algunos: la priorización del gasto militar en erradicación, la reducción del tamaño de las fincas cocaleras beneficiarias del tratamiento penal diferencial y el retraso perpetuo de la asistencia técnica y los recursos para los proyectos alternativos. Mientras que era la esencia de lo acordado en La Habana reducir o incluso acabar la producción de cocaína, que al desaparecer, también anulaba el rol que describe Uribito.

Del neo-académico Arias hay algo que sí sirve y mucho: de sus cálculos resulta el altísimo peso de la cocaína en las exportaciones colombianas “para 2017 y 2018 la industria del narcotráfico ya alcanzaba a vender al resto del mundo 1 dólar de cocaína por cada dólar de exportaciones no tradicionales”, esto equivale a un incremento de 3 veces respecto al 2014.

Entonces Ñeñe y todos sus congéneres estaban llenos de narcobilletes y tenían claro que en el programa presidencial de la Colombia Humana se ajustaba al Acuerdo de Paz y se planeaba desarrollar alternativas de ingreso para las familias que hoy cultivan coca para uso ilícito, es decir, que sin Duque se les jodía el negocio y de carambola (sin que repuntará el petróleo) a los tecnócratas también se les jodía la herramienta traqueta del fisco nacional. En resumen, no faltaron motivos para que la aristocracia buscara que narcos y extranjeros pagaran el fraude.

Los medios pueden ocultar la incompetencia de Duque y su manejo corrupto del Covid19, sin embargo, la inconstitucionalidad del financiamiento narco y foráneo del fraude basta y sobra para desconocer su legitimidad. Esas son razones con el peso suficiente para respaldar el llamado de Petro a la Desobediencia Civil, es nuestro derecho como ciudadanía, contra este gobierno inepto que compraron al alimón los capitales internacionales de la gasolina y los nacionales de la cocaína.

13 de julio de 2020
Tomado de cuartodehora.com